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Originalmente publicado en El Salto Andalucía.
Este martes 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponde para proteger el medio ambiente. La UNESCO estableció esta fecha para poner en valor la regla de las tres ‘erres’ —reciclar, reducir y reutilizar— y evitar la cultura del ‘usar y tirar’. Hay distintas razones para que sigamos estas instrucciones y empecemos a reciclar de una manera práctica y eficaz; no tan solo medioambientales, motivo ya de por sí de mucho peso, sino también económicas. La industria del reciclaje es provechosa, debido al valor de los materiales recuperados y la creación de puestos de trabajo, pero es que además del beneficio económico, hay una Ley que lo regula y quien no la cumpla, deberá pagar por ello.
El 9 de abril se publicó en el BOE la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley transpone la Directiva de residuos, publicada hace cuatro años, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en las nuevas directivas europeas de residuos que conforman el Paquete de Economía Circular y con los nuevos objetivos derivados de la directiva de plásticos de un solo uso que surgen de la «Estrategia Europea para el plástico en una economía circular». La Ley de Residuos establece estos nuevos objetivos para el año 2035, con hitos intermedios en los años 2025 y 2030, relacionados con la recogida selectiva, el reciclado y los residuos que se terminan eliminando en el vertedero y, entre otras cosas, ha revisado el régimen sancionador, incluyendo nuevas infracciones y actualizando sanciones para quien no los cumpla.
Las pérdidas económicas ya son millonarias y se van a incrementar en el futuro con la entrada de un nuevo impuesto a los residuos eliminados en el vertedero
Francisco Peula, Rethinking
El análisis de los retos a los que se enfrenta Andalucía respecto a los objetivos marcados por la nueva normativa de residuos realizado por la asociación Rethinking, Observatorio de Residuos —una organización independiente de ámbito andaluz— concluye que la Comunidad Autónoma está muy lejos de cumplir los objetivos de recogida selectiva y reciclado que indica la nueva ley y pone de manifiesto que «las pérdidas económicas ya son millonarias y se van a incrementar en el futuro con la entrada de un nuevo impuesto a los residuos eliminados en el vertedero», indica Francisco Peula, presidente de Rethinking y experto en gestión de residuos.
La necesidad de un replanteamiento de nuestra sociedad del despilfarro
La asociación ha mencionado en una nota de prensa que la guerra en Ucrania ha evidenciado la dependencia que tenemos de productos energéticos y materias primas que provienen del exterior: «El incremento de precios y la más que probable racionalización que se espera del gas para el invierno que viene hace necesario más que nunca un replanteamiento de nuestra sociedad del despilfarro».
Alertan que, a pesar de las advertencias desde hace más de una década sobre la necesidad de cambiar el modelo de gestión de residuos para hacerlo más sostenible, incrementando la recogida selectiva y con ella el reciclado de materiales, «lo cierto es que las políticas desarrolladas en Andalucía por las entidades locales han sido, a todas luces, insuficientes para alcanzar unos objetivos mínimos de reciclado establecidos para el año 2020».
Los números hablan por sí mismos. El estudio de Rethinking arroja datos sobre los distintos campos abordados por la nueva normativa: en la recogida selectiva de residuos municipales en 2021, Andalucía se situó en el 13% cuando la nueva Ley establece que para el 2035 tiene que llegar al 50%; en la recogida selectiva de envases, Andalucía logró en el año 2021 una recogida de un 22%, lejos quedan los 65% a los que tendrá que llegar en 2025 si quiere cumplir los objetivos, que se irán incrementando hasta el 2035, año en el que tendrán que recoger de forma selectiva los envases andaluces en un 85%. El reciclado de residuos municipales se encuentra todavía más lejos: un 120% por debajo del objetivo marcado para el año 2025; de reciclar un 65%, el año pasado no llegamos ni a un 23%.
Esta gestión deficitaria tiene importantes consecuencias económicas. Según Rethinking, el valor de mercado de los residuos reciclables eliminados en el vertedero alcanza los 150 millones de euros. También hay que tener en cuenta el impuesto a los vertederos que comenzará a aplicarse en enero del próximo año 2023, que implica que los ayuntamientos verán incrementados sus costes de tratamiento en 115 millones de euros. Peula advierte que «a este incremento de costes y pérdidas económicas, se añade la posibilidad real que los ayuntamientos puedan recibir sanciones: no alcanzar los objetivos que marca la Ley de residuos está considerada una falta grave, sancionable entre 2.000 € y 100.000 €».
Quien contamina, paga
La asociación Rethinking apela a los responsables de las administraciones locales a que aprovechen las subvenciones provenientes de los fondos Next Generation EU «para no dilatar más los cambios necesarios en el modelo de gestión de residuos y poder afrontar con garantías los retos que trae la nueva normativa de residuos».
¿Dónde poner el esfuerzo para alcanzar los objetivos marcados por la nueva normativa de residuos? Para los expertos es necesario un replanteamiento del modelo de recogida. Francisco Peula apunta a este medio que «hay que hacer algo porque se ha hecho muy poco». Para él, es vital implantar la recogida de residuos orgánicos, ‘el contenedor marrón’; la modernización de las plantas de tratamiento y clasificación; campañas de comunicación para fomentar y sensibilizar sobre el necesario cambio de hábitos entre la ciudadanía, ya que «la concienciación tiene un recorrido largo, pero en algún momento se tiene que empezar».
En el caso de los envases insiste en que «hay que apostar por el sistema de devolución de retorno, eliminando los plásticos de un solo uso» y también en la concienciación mediante la penalización: «Por hacerlo mal, estamos pagando mucho dinero y muchos materiales útiles se están tirando al vertedero. A partir de ahora esto se va a penalizar. Deberíamos ser conscientes de que quien contamina, paga».
