Una advertencia sobre el título, antes de continuar este artículo: no va de separatistas ni contra ningún territorio de nuestro país. Sencillamente es que, el autor, ve mucha similitud entre las actitudes violentas de los CDRs, que en su día este mismo autor criticó, y las actitudes iguales de violentas de los manifestantes de ultraderecha, y de sus inspiradores que han enzalamado convenientemente las motivaciones contra la futura ley de amnistía.
El comportamiento de tanto energúmeno gritando, obedeciendo consignas y sin saber realmente el significado de lo que gritaban, los ataques a la policía, los lanzamientos de objetos (piedras, botellas de cristal, papeleras, etc.), la quema de contenedores, la violencia de sus actos y demás actitudes vandálicas propias de comportamientos que rozan, por no decir que dan de lleno plenamente, en el delito, adquieren una forma idéntica, a lo visto en los tristes hechos, protagonizados por los CDRs, que sucedieron a la declaración de la independencia, y su inmediata marcha atrás, por parte de la derecha catalana a la derecha española. No podemos olvidar que en aquellas circunstancias gobernaba la derecha nacionalista catalana en la Generalitat y que el Presidente del Gobierno de España era M. Rajoy.
Puestas estas premisas, pasemos a ver, muy someramente, qué está sucediendo en este país y quiénes son los responsables.
Destaca el juego al despiste que hace el partido conservador: primero sobre su derecho gobernar, sin tener mayoría parlamentaria, dejando de lado ante la opinión pública, y con el asueto de los medios de comunicación ( que no de información), de que España es un país con una monarquía PARLAMENTARIA, o sea que puede formar gobierno quien cuente con una mayoría parlamentaria. Y esto lo sabe muy bien el PP porque es lo que ha puesto en práctica en varias comunidades autónomas, y en muchos ayuntamientos, donde ha sido la segunda fuerza política pero ha formado gobierno con el apoyo de la ultraderecha, pasando el rulo por encima de los partidos más votados. Es lo que en román paladino se conoce como la «ley del embudo».
Una vez agotada la pataleta de «yo he sido el más votado» y, ante el ridículo sublime de la pantomima de una investidura fracasada antes de ser propuesta, la estrategia del PP se dirigió al acoso a la investidura de un gobierno progresista, el rum-rum pasó a ser la «ley de amnistía». Una futura ley que aún no se había ni siquiera discutido en ningún foro. Al PP no le ha importado crear un clima de crispación absoluta porque al PP no le importa España, sino tan sólo sus intereses partidistas. Les rebosan por la boca a los dirigentes peperos insultos, mentiras, falsedades y acusaciones. Y olvidan, o tapan más bien, que las amnistías en forma de indultos se han concedido en este país por TODOS los presidentes de los distintos gobiernos democráticos. Por supuesto que los «campeones» en conceder indultos, sobre todo por delitos económicos, o sea por defraudar al fisco y en consecuencia a todos los españoles, han sido el Sr. Aznar y M. Rajoy. Cierto que tampoco han quedado atrás Felipe González ni Rodríguez Zapatero indultando a condenados por los tribunales.
Pues al PP, como ya se ha dicho, no le está importando enfrentar a unos españoles con otros. Así parece que entienden el patriotismo y el amor a su país. Por cierto, como inciso, se supone que don Felipe González, don Alfonso Guerra, y algunos otros secundones «de las viejas glorias», estarán muy contentos y satisfechos al ver que la manita que están echando a la derecha está dando los frutos deseados; aunque la mella ocasionada a la democracia necesite de una costura de muchas puntadas y con hilo muy grueso.
En el guión del teatrillo urdido por el PP, mejor no calificarlo como tragicomedia, aparecen dos elementos inesperados, al menos formalmente, aunque tal vez alentados y llamados a escena por los propios conservadores españoles: la ultraderecha, con su líder a la cabeza, arengando y lanzando soflamas a sus masas para que embistan a siniestra y a la «derechita moderada», y «aconsejando» a las fuerzas de orden público que desobedezcan las órdenes de sus superiores, algo que si no cae de lleno en lo que el Código Penal recoge como delito de sedición, lo roza por todos sus bordes. Artículo 544 del Código Penal. «Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
Y por otra parte, entra en escena un viejo conocido de la derecha española, el juez García-Castellón, para poner en marcha otra maniobra torticera y manipuladora: una declaración del Consejo General del Poder Judicial contra la futura Ley de Amnistía (¡ojo, futura!, o sea que todavía ni existe, ni se conoce su contenido). Una ley además, contemplada en nuestra Constitución y una práctica habitual en todos los países de nuestro entorno. Y no se para en barras el citado juez, sino que además acusa de terroristas a dos personajes que estuvieron implicados, por aquellos entonces, en la declaración de la independencia catalana. No se sabe si, haciendo gala de la imparcialidad que se espera de una persona que debe aplicar la justicia, acusará de algo al líder del la ultraderecha española y a la Sra. Esperanza Aguirre.
Y no es que esté mal que un juez, incluso en activo, opine sobre determinadas cuestiones políticas. Lo que no debe hacer un funcionario público es opinar con la toga puesta. (Un juez no deja de ser un funcionario, puesto que percibe su salario del erario público, o sea, de lo que aportamos todos los ciudadanos por medio de los impuestos). A modo de conclusión hay que felicitar al PP por lograr, con sus pataletas antidemocráticas, sus objetivos de romper el país enfrentando a unos ciudadanos con otros, dar aire y vidilla a la extrema derecha (por medio de sus pactos de gobierno, sus guiños y sus apoyos implícitos) y conseguir que el Rey nos haya hecho perder a los españoles dos meses para ver cómo se forma un nuevo gobierno de progreso.