Durante los últimos meses se ha venido viviendo una pequeña revolución en redes sociales propiciada por la lucha de algunos particulares. Unos y otros mensajes tienen por protagonista la existencia de tuberías de fibrocemento, más popularmente conocido como uralita, en la red de abastecimiento de La Rinconada. Todo esto a cuenta de las obras que está ejecutando EMASESA en la histórica barriada de Santa Cruz, donde están aflorando conducciones de este tipo, aunque no es la única barriada que cuenta con este tipo de tuberías en sus suelos.
La cuestión no es menor, pues la uralita está fabricada con amianto, un potente cancerígeno que está totalmente prohibido en nuestro país desde 2002. La Rinconada no está exenta, al igual que la práctica totalidad de España.
Cabe preguntarse si la existencia de estas tuberías no es peligroso, que sólo es peligrosa la inhalación de las fibras de amianto que forman estas tuberías, tal y como afirman algunas voces. Ahora bien, ¿en qué se basa esta afirmación?
Lo cierto es que no existen demasiados estudios concluyentes que definan qué ocurre cuando bebemos estas fibras —que recordemos, están presentes en el agua por la natural erosión y degradación de las tuberías—, pero tanto la EPA (agencia medioambiental estadounidense) como la OMS (Organización Mundial de la Salud) sí han estudiado su presencia (enlace en inglés).
Los estudios determinan que no se descarta la formación de pólipos intestinales superada unos siete millones de fibras por litro de agua.
Las tuberías de fibrocemento contienen amianto, una de las sustancias más peligrosas a las que se enfrenta nuestra salud. Es causa de numerosas muertes y enfermedades como el cáncer de pulmón. Aunque sobre la ingesta de fibras de amianto a través del agua no hay pruebas concluyentes como para el caso del amianto inhalado, el principio de precaución aconseja una urgente sustitución de estas conducciones. Así se refleja en una resolución del Parlamento Europeo que indica que todos los tipos de amianto resultan peligrosos y sus efectos perjudiciales se han documentado.
La presencia de amianto en la red de agua se deriva por la manipulación de las tuberías de fibrocemento en sus reparaciones y en su antigüedad. La mayor parte de las instaladas en La Rinconada han sobrepasado su vida útil de 40 años. Esta antigüedad da lugar a frecuentes averías y convierten el fibrocemento en material más desmenuzable y peligroso. Con base a la actual normativa sectorial estos elementos ya debieran haberse retirado y depositado en vertederos controlados con ciertas condiciones de seguridad.
Por otra parte, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer sostiene que no existe un nivel seguro de exposición y por último, existe una resolución europea donde se recogen diversos estudios que señalan que la exposición al amianto y derivados se relaciona con el mesotelioma y el cáncer de pulmón, pero también con el cáncer colorrectal, gastrointestinal, de garganta, riñón, esófago, vesícula biliar, lo que señalaría una incidencia por su ingestión.
Como fuere, y siendo siempre mejor prevenir que curar, en otras instancias sí que han tomado cartas en el asunto, tanto que en marzo de 2017 fue aprobada una iniciativa en el Congreso de los Diputados para realizar una auditoría sobre la red de abastecimiento público que terminara eliminando el total de tuberías compuestas por fibrocemento, así como las que forman parte de regadío. El objetivo: eliminar completamente el amianto de nuestras infraestructuras.
Esta iniciativa era la trasposición de la resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos para la salud en el trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente. Igualmente, y anteriormente, ya se había dado voz a esta demanda en el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Este Real Decreto ordenaba que el proceso debería haber finalizado antes del 1 de enero de 2012, pero se ha prorrogado varias veces, siendo el horizonte final 2028, según una autoenmienda del Gobierno a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada en abril.
En esta nueva ley, además, el ayuntamiento esta obligado, en el plazo de un año, a elaborar un censo de los emplazamientos e infraestructuras que cuenten con este material cancerígeno y un calendario para su retirada.
