El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), ha asegurado este lunes que por la información que baraja, «a finales de enero o primeros de febrero», la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis, podría comenzar ya los primeros trabajos destinados a la reapertura de la corta minera del municipio, al contar ya entonces con la correspondiente «autorización» para ello.
Así se ha pronunciado el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación después de que el consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, quien al comenzar 2023 había fijado en el primer cuatrimestre de este mismo año la reapertura del complejo minero; haya manifestado ahora que la autorización de la reactivación del complejo está ya «cerca de los pasos finales», con lo que «no queda mucho» para la luz verde definitiva para el comienzo de los primeros trabajos.
Ante ello, el alcalde de Aznalcóllar ha asegurado a los periodistas que por la información que manera «por fechas y días concretos», la reapertura de la mina «será una realidad a finales de enero o primeros de febrero». «No hay vuelta atrás», ha manifestado.
El alcalde ha destacado así, una vez más, que el nuevo proyecto de explotación del complejo minero, cerrado tras la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados, cuando estaba explotado por la entidad Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), filial de la multinacional sueca Boliden; implica «una mina del primer mundo, del siglo XXI», con garantías ambientales y «un proyecto de restauración» para todo el entorno. Hace apenas unos meses, Bolidén ganó el juicio, en primera instancia y ante el que cabe recurso, por los costes —89 millones de euros— de la limpieza del vertido del segundo mayor vertido tóxico en volumen en España tras el Prestige, y que apenas se quedó a las puertas de Doñana.
«Estamos deseando que esto empiece»
«Estamos deseando que esto empiece y que escuchemos ya rugir los camiones», se ha ufanado el primer edil, manifestando que en enero finalizarán los procesos de información pública del proyecto de explotación de la mina y entonces, la empresa tendrá «autorización» para emprender los primeros trabajos, primero de acondicionamiento de la corta y después de explotación.
Ello, en un marco en el que la Delegación Territorial de las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla ha abierto un periodo de información pública y por tanto de alegaciones, sobre la «documentación complementaria» agregada al proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de la sociedad Minera Los Frailes.
En una resolución emitida el pasado 29 de noviembre, dicha delegación territorial de la Junta rememora que mediante los correspondientes anuncios en los boletines oficiales del Estado, de la Junta de Andalucía y de la provincia, fue promovido un periodo de información pública y por ende consultas y alegaciones, con relación al mencionado y controvertido proyecto de explotación minera.
«Se somete a información pública el proyecto explotación de recursos de Sección C) Núm 7976, Zona de Aznalcóllar e instalaciones auxiliares, sita en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, cuyo promotor es la entidad Minera Los Frailes», figuraba en aquellos anuncios, habilitando un plazo de 30 días para la consulta del expediente y la formalización de alegaciones ante la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas.
Siguen los trámites
Ahora, con el nuevo anuncio, dicha delegación territorial somete a información pública «documentación complementaria del proyecto» en cuestión, para la recepción de posibles «alegaciones y aportaciones adicionales».
De otro lado, recordemos que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
Las dos órdenes de sobreseimiento y la juez Ayala
El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
La reapertura de la mina, no lo olvidemos, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2 000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
«Se autoriza envenenar el Guadalquivir durante 18 años»
Los colectivos ecologistas, de su lado, avisan de que la autorización ambiental aprobada por la Junta de Andalucía permite un «vertido tóxico global de 85,5 hectómetros cúbicos en el Guadalquivir». «En total, la Junta de Andalucía propone autorizar un vertido tóxico global de 85,52 hectómetros cúbicos en una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana», alertan.
La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha elaborado un Dictamen Ambiental favorable al proyecto de la empresa Minera Los Frailes (MLF), de reapertura de la explotación minera de Aznalcóllar. Explotación minera cerrada tras la catástrofe ambiental de abril de 1998, que se produjo como consecuencia de la negligente rotura de la balsa de BOLIDEN, vertiendo 6,5 Hm3 de lodos tóxicos al Guadiamar.
El Dictamen Ambiental se otorga a Minera Los Frailes, participada mayoritariamente por la multinacional Grupo México, a pesar del juicio oral que se va celebrar entre marzo y julio de 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla contra 14 personas funcionarias y autoridades de la Junta de Andalucía acusadas de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación ambiental. Allí se juzgará la sospechosa adjudicación de los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar, que acabaron en 2015 en manos de Minera Los Frailes (MLF). También se juzgará a los hermanos López Magdaleno, socios minoritarios de MLF que actuaron como conseguidores de esos derechos, y la propia MLF consta como posible responsable civil subsidiaria en ese juicio.
Los principios de precaución y de seguridad jurídica aconsejarían la suspensión de los procedimientos de autorización hasta que se celebre ese juicio oral en 2025, y así lo sigue instando Ecologistas en Acción ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Las prácticas posiblemente corruptas que se enjuiciarán en 2025 se asemejan bastante a las que han desembocado en la reciente dimisión del Primer Ministro de Portugal, en relación a la adjudicación de permisos para minas de litio.
El Dictamen Ambiental firmado el pasado 27 de octubre, propone autorizar, durante la fase preoperacional previa al reinicio de la actividad minera, el vaciado completo de las aguas contaminadas con metales pesados de la Corta de Los Frailes (CLF) y el vaciado parcial de la Corta de Aznalcóllar (CAZ). Esta última alberga gran cantidad de los lodos tóxicos que se recogieron tras el vertido de 1998.
El vaciado inicial se realizaría durante 18 meses, mediante una tubería de 30 kilómetros que conduciría el vertido desde una Planta de Tratamiento de Aguas (PTA) situada en el recinto minero hasta el Estuario del Guadalquivir a su paso por Sevilla, enfrente del estadio olímpico. En total se verterían 15 Hm3 de la CLF y 2,52 Hm3 de la CAZ. Posteriormente, durante la operación de la nueva mina subterránea (fase operacional) se pretende autorizar un vertido tóxico continuo de 4 Hm3/año durante 17 años.
En total la Junta de Andalucía propone autorizar un vertido tóxico global de 85,52 Hm3 en Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana.
A pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio que se propone autorizar tiene un alto contenido en metales como Arsénico (2.709,12 kg), Cadmio (677,28 Kg), Cobre (5.577,60 Kg), Cromo (717,12 kg) Mercurio (23,90 kg), Níquel (5.577,60 Kg), Plomo (796,80 kg), Selenio (796,80 kg) y Zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes.
En ese tramo del río se localizan las tomas de riego de las 36.000 has de arrozales que pondrán en cuestión su seguridad alimentaria y donde se crían los alevines del caladero del golfo de Cádiz, con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona estará asegurada.
El vertido propuesto ha contado con el visto bueno de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, anteponiendo los intereses de Minera Los Frailes a los intereses de los arroceros, agricultores, pescadores y mariscadores del Estuario del Guadalquivir, y poniendo en riesgo además la seguridad alimentaria de sus productos y la salud general de sus consumidores.
Hay que tener en cuenta que este vertido se acumulará con el que ya tiene autorizado la empresa minera Cobre Las Cruces para su proyecto polimetalúrgico PMR, cuyo punto de vertido se sitúa también en el Estuario del Guadalquivir, unos 4 km aguas arriba, junto al puente viejo de La Algaba, con un volumen total autorizado de 2,34 Hm3 durante un periodo aproximado de 14 años, es decir, un total de 32,76 Hm3 de vertido igualmente tóxico y altamente contaminante de los mismos metales pesados.
Ecologistas en Acción como parte personada en el procedimiento presentará alegaciones y recurrirá ante los tribunales este atentado ambiental, y seguirá atento contra las habituales prácticas corruptas de las grandes multinacionales mineras, como las que han llevado en Portugal a la dimisión del Presidente del Gobierno luso