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FACUA Sevilla participará en la movilización de noviembre acordada el pasado 3 de octubre en la asamblea general de Marea Blanca Sevilla, movimiento del que forma parte, como respuesta al grave deterioro de la sanidad pública y el proceso expansivo de privatizaciones.
En este encuentro de gran interés ha participado Jordi Castilla, secretario general de la asociación, quien ha asegurado que «los cuatro años que nos vienen ahora van a ser de recortes; si la sociedad civil no confrontamos, nos van a comer».
Así, se propuso una manifestación en la capital andaluza para la segunda quincena de noviembre, que se intentará coordinar con el resto de provincias de la región.
Diagnóstico de la realidad
«Los usuarios estamos siendo sido víctimas de la considerable reducción de camas en hospitales y centro médicos, concretamente en España han sido 6.000 menos durante las pasadas vacaciones de verano. Además, muchos profesionales de las plantillas sanitarias no han tenido sustitutos» asegura la organización de consumidores.
Esto ha afectado de forma especial a que muchas personas con edad avanzada, en situación límite, hayan sido víctimas de todo un proceso de deterioro de la sanidad pública al que se añade ese declive del servicio en los meses de vacaciones estivales.
Andalucía se encuentra a la cola en este asunto: en los últimos seis o siete años de vida muchas personas se encuentran en una situación de dependencia, y gran parte de ellos no reciben atención primaria.
En este sentido, hay un dato muy preocupante: 20.000 muertes.
Por otra parte, la expansión de la sanidad privada en beneficio del deterioro de la pública va en aumento, ampliando los seguros privados y las externalizaciones. Los distintos gobiernos que se han sucedido en la Junta de Andalucía, se sostiene desde Facua, han sentado las bases para que este proceso se materialice, pero ahora se están experimentando unas circunstancias extremas.
El frente fiscal interviene en la salud
La Administración de Juan Manuel Moreno Bonilla en la primera rebaja del IRPF dejó de recaudar 130 millones; cuando suspendieron el impuesto de sucesiones, fueron 105 millones; en la segunda rebaja del IRPF de 2022, 124 millones; y ahora suspendiendo el impuesto de patrimonio han sido 120 millones.
En total, 479 millones —a los cuales habría que sumarle los de otras medidas que repercuten en los gastos de los consumidores— que se dejan de ingresar y, por tanto, no se invierten en los servicios públicos, como ocurre por ejemplo con la anulación de la subasta de medicamentos que ha provocado un aumento en los costes del gasto farmacéutico de 200 millones de euros.
Al respecto, la federación andaluza de FACUA recordó que los impuestos son imprescindibles para la financiación del gasto público, y que deben ser suficientes para el mantenimiento del Estado del Bienestar y de los ciudadanos.
De hecho, incidió en que, en contraposición con esta exención tributaria a las rentas más altas, la comunidad autónoma en 2020 ocupó el último lugar en inversión sanitaria por habitante, con tan sólo 1.298 euros.
Salida a la preocupante situación
Ante esta coyuntura de pérdida del derecho de los usuarios a ser atendidos dignamente a nivel sanitario, se precisa de la más amplia unidad, así como del compromiso y movilización bien organizada de todos los agentes de la sociedad civil, además de un trabajo de difusión de la convocatoria en los distintos espacios en los que se interviene.
A su vez, FACUA Sevilla exige la inmediata adopción de medidas oportunas y concretas para revertir la circunstancia, y de esta manera garantizar la protección de salud de la ciudadanía andaluza de conformidad con la normativa vigente.
