|
Escucha el artículo
|
FACUA ha presentado unas aportaciones ante la Diputación de Sevilla a través de las cuales se le pide que asuma todas las competencias que tiene con relación a la protección al consumidor.
En las cuentas del próximo año, la institución provincial únicamente contempla un presupuesto de 214.892 euros destinado a garantizar y difundir el funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo, olvidándose un año más de otras políticas concretas en el ámbito de consumo.
La asociación recuerda que, según se recoge en el artículo 98 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, es competencia de las diputaciones «la información y educación de los consumidores, pudiéndose contar para tal fin con la colaboración de las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios”»
Asimismo, también queda contemplado en esta norma que estos organismos impulsarán «el apoyo y fomento de las organizaciones o asociaciones de consumidores en cuanto a las actividades que realicen en la provincia y en beneficio de sus vecinos”»
Estas instituciones provinciales también se encargarán de «el ejercicio de acciones civiles en defensa de los consumidores de su provincia», «la realización de estudios de mercado circunscritos a su provincia» y «la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios», además del «fomento, divulgación y, en su caso, gestión del sistema arbitral de consumo».
Por todo ello, FACUA Sevilla critica que la Diputación de Sevilla sólo asuma una de las muchas competencias que tiene asignadas en materia de consumo y protección al consumidor.
Información y formación a los consumidores
FACUA considera necesario que los organismos públicos apuesten por políticas que protejan a los consumidores tras los duros años de pandemia y crisis económica, con una afectación significativa y grave de las economías domésticas y un aumento de los abusos y fraudes al consumidor.
Los consumidores están viviendo una situación de enorme desprotección en unos años en los que se han venido sucediendo los fraudes masivos en prestaciones de servicios y una inflación que afecta de forma directa a la adquisición de bienes y suministros esenciales.
Para ello, es imprescindible establecer canales en todos los municipios sevillanos que permitan formar a los consumidores y encaucen las reclamaciones de los afectados por prácticas fraudulentas, de modo que cualquier ciudadano pueda acceder con facilidad a herramientas que le permita reclamar sus derechos mediante procedimientos eficaces.
La Diputación de Sevilla suspendió hace años su programa de Puntos de Información al Consumidor (PIC), dejando así a una treintena de pueblos sevillanos desatendidos a la hora de gestionar las quejas y reclamaciones de sus vecinos en materia de consumo.
La Diputación se olvida de los consumidores
No es ninguna novedad que la Diputación de Sevilla no destine ninguna partida presupuestaria a la protección de los consumidores y usuarios. En 2018 ya se aprobó un presupuesto que no contemplaba ni un euro en este sentido.
En 2016, el Área de Ciudadanía de la Diputación tampoco utilizó ni un solo euro de los destinados a impulsar acciones en defensa de los consumidores. En 2017, nada más entrar en vigor el presupuesto anual de la corporación, acordó una modificación presupuestaria por la que hizo desaparecer la cantidad de 54.000 euros consignada para este fin.
Irregularidades en las partidas de otros años
FACUA Sevilla ha denunciado con anterioridad numerosas irregularidades en relación con la partida presupuestaria que hasta 2017 venía contemplándose en los presupuestos para este fin. En 2015, el dinero consignado fue distribuido de forma absolutamente arbitraria, incumpliéndose las propias bases legales establecidas por la Diputación, lo que le costó además ser condenada en los tribunales.
Además, la asociación rehusó aceptar la cantidad otorgada en 2015 por la corporación, ya que ello implicaba, entre otras cosas, falsear las características del programa de actividades solicitado. No hicieron lo mismo las organizaciones UCA-Cauce e Hispalis, que tuvieron que devolver todo el dinero que recibieron como consecuencia de una condena judicial.
Y es que FACUA Sevilla llevó el caso a los tribunales, tras lo que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla (ver sentencia) condenó en costas a la Diputación y anuló la resolución por la que había repartido ilícitamente esas subvenciones.
Este mismo juzgado también dio la razón a la asociación tras la denuncia que interpuso contra la institución provincial después de que le obligase a devolver de una subvención de 14.666 euros otorgada en 2012 a pesar de que había sido ejecutada de acuerdo a las bases de la convocatoria.
Escrito al presidente de la Diputación
FACUA mantuvo en julio de 2021 una reunión con Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, en la que le manifestó de la necesidad de generar herramientas que potenciaran la defensa de las personas consumidoras. Ambas partes mostraron su intención de profundizar y debatir propuestas en este sentido en una segunda reunión que tuvo con Alejandro Moyano, diputado responsable del área de Cultura y Ciudadanía, en octubre de 2021.
La asociación remitió este mes de junio un escrito a Villalobos instándole a desbloquear la situación, pues más de un año después de aquellas reuniones no se ha recibido respuesta alguna a la batería de propuestas, debidamente presupuestadas, que se le hicieron llegar con el fin de mejorar la protección de las personas consumidoras en municipios de menos de 20.000 habitantes.
