El Gobierno aprobó ayer, en Consejo de Ministros, el Real Decreto-Ley que contempla un paquete de medidas destinadas a compensar la escalada de precios de la electricidad en el mercado mayorista, cuya cotización diaria superará mañana los 188 euros por megavatio hora, debido en buena parte, a los precios récord del gas y el CO2, pero también a la especulación —aún investigable, pero muy respondida en el este plan de choque— de las centrales hidroeléctricas y las nucleares.
I. Recorte de 2600 millones de beneficios. Precisamente a estas instalaciones generadoras es a las que se dirige la primera medida: el recorte temporal de los beneficios de las eléctricas, que, con el alza de los precios del gas, han estado cobrando el resto de tecnologías, como las mencionadas anteriormente sin apenas costes de generación. Se calcula que las eléctricas tendrán que devolver unos 2 600 millones de euros al sistema eléctrico, cifra calculada a partir de los niveles actuales del precio en el Mercado Ibérico del Gas, que se espera comience a estabilizarse a partir del 31 de marzo de 2022.
El Gobierno ha señalado que este recorte es «proporcionado» y que se produce sobre «beneficios extraordinarios, sobrevenidos súbita e inesperadamente por los desajustes en los mercados internacionales del gas natural, y que no pudo ser considerada en las previsiones de negocio». La ministra del ramo, en rueda de prensa, pedía responsabilidad y solidaridad a las empresas eléctricas en un momento de tensión para el conjunto de la población.
II. Ampliación de la prohibición de corte. Además, el Gobierno ha aprobado la ampliación del suministro mínimo vital durante seis meses, prohibiendo así el corte del servicio eléctrico a los consumidores más vulnerables. Esta medida, permanente, amplía la tomada en la Estrategia contra la Pobreza energética en 2019 y se introducirá en la Ley del Sector Eléctrico. Por añadidura, se garantiza un abastecimiento mínimo de confort, con una potencia de 3,5KW.
III. Rebajas fiscales. El decreto aprobado recoge también las anunciadas rebajas fiscales temporales en la factura, consistentes en la prórroga de bajada del IVA al 10% a los consumidores domésticos (hasta 10 KW) hasta diciembre. También se amplía la supresión del impuesto de generación eléctrica del 7%. Se incluye además la reducción hasta el tipo mínimo permitido por la Unión Europea del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pasará del 5,1% al 0,5%.
IV. Subastas de energía. Se aprueba un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad que obliga a las eléctricas a subastar en función de su cuota de mercado, cediendo hasta un 25% de su generación —principalmente las hidroeléctricas y nucleares— a comercializadoras independientes y grandes consumidores. De esta forma se reduce el peso del mercado mayorista en la formación del precio de la electricidad y se fomenta la liquidez de los llamados mercados a plazo.
La primera subasta tendrá lugar antes de que acabe el año y en ella Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, grupos dominantes, ofertarán 15 830 gigavatios, o lo que es lo mismo, el 6,3% de la demanda eléctrica nacional de 2020. Las eléctricas sólo podrán rechazar ofertas si estas se encuentran por debajo de un precio fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo que ayudará a regular dichas subastas.
V. Reforma de la tarifa regulada. Se limita la subida a la tarifa de precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), antes TUR, del gas natural, que este trimestre será del 4,4% en vez del 28% esperado. De esta manera, las subidas serán graduales, incluyendo el mismo mecanismo amortiguador que tiene la bombona de butano, repercutiéndose las subidas por encima del límite fijado en las siguientes revisiones. Esta medida afectará a 1.579.821 clientes, según datos de la CNMC de marzo de 2021.
VI. Subastas de CO2. El Ejecutivo inyectará 900 millones de euros, provenientes de la recaudación extra obtenida por las subastas de carbono en el presupuesto destinado a los costes del sistema eléctrico, cuya cuantía pasa de 1100 a 2000 millones de euros, rebajando así lo que los consumidores tienen que pagar por este concepto al minorarse hasta un 96% los cargos —primas de las renovables más antiguas, el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares y el déficit tarifario acumulado—, reduciéndose así hasta en un 50% la parte regulada de la factura para el mercado doméstico y las pymes. En el caso de la industria, se calcula una horquilla de entre un 25-40%.
VII. Reforma de la Ley de Aguas. La ministra Ribero se refirió a este punto como la solución a los «súbitos desembalses que han dejado estas semanas imágenes avergonzantes», en referencia a los vaciados de embalses por parte de las hidroeléctricas que han llegado a amenazar los ecosistemas acuáticos y la propia demanda de agua potable en localidades cercanas.
Así, se garantiza un uso racional del recurso, fijando un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en cada inicio del año hidrológico (que en España comienza el 1 de octubre) por parte de las confederaciones hidrográficas. Estos límites se aplicarán, tanto en situación de normalidad como de sequí prolongada, a los embalses mayores de 50 Hm3. En esta categoría entran todos los embalses gestionados por EMASESA menos el de Gergal. También se impone un régimen de volumen mínimo en las reservas embalsadas cada mes.
VIII. Otras medidas medioambientales. Se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Mercado Energético, cuya función será la de redistribución de los costes de las renovables históricas entre el resto de vectores, sacando así el coste de la prima a las renovables de la factura. También se regula el mecanismo para detraer los ingresos del CO2, una medida contestada por las nucleares, que amenazaban ayer con un cierre desordenado si el Gobierno aprobaba la Ley del CO2, algo a todas luces imposible dado que para el cierre de estas instalaciones se necesita la aprobación del regulador del sistema, Red Eléctrica Española, que sólo daría luz verde si hubiera otras tecnologías o fuentes para acomodar esta pérdida de la potencia eléctrica acumulada, que llega a alcanzar el 20%. En conjunto, estas medidas reducirán en más un 15% la factura de la electricidad en los hogares.
Apoyo europeo
Pese a las críticas del PP, que había declarado que este plan de choque como «medidas confiscatorias y expropiatorias, de dudosa legalidad y cercanas al peronismo» y la oposición de la industria energética nacional (desde las amenazas de ayer de Foro Nuclear hasta la ofensiva —que puede terminar en los tribunales— de las compañías eléctricas al ver mermado su beneficio extraordinario), el plan de choque aprobado ayer por el gobierno ha recibido el beneplácito de las autoridades europeas que «entienden y están al corriente» de las medidas adoptadas.
Así, un portavoz de la Comisión Europea ha afirmado que «somos conscientes de las medidas que está tomando el Gobierno español y hemos visto los anuncios. Estamos siguiendo de cerca la situación y estamos en contacto con las autoridades españolas. No tenemos comentarios sobre el fondo de las propuestas formuladas». Además, Bruselas ha comunicado que «la legislación de la Unión Europea permite a los Estados aplicar salvaguardas, como intervenciones públicas en la fijación de los precios para el suministro de electricidad a clientes domésticos vulnerables o con escasez de energía en determinadas condiciones».
En este sentido, varios países están estudiando medidas similares para aplicar en sus mercados domésticos, mientras el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, aseveraba ante el Parlamento Europeo que «si hubiéramos actuado hace cinco años no estaríamos en esta situación, porque dependeríamos menos de los combustibles fósiles y del gas natural. A lo largo de todos estos años hemos visto que los precios de las renovables se han mantenido bajos y estables. Sólo un 20% del aumento del precio de la energía se puede atribuir a los precios del CO2. El resto es una consecuencia de la elevada demanda en el mercado. Hay falta de energía».
