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Organizaciones humanitarias y de derechos humanos han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por las supuestas «vulneraciones de derechos fundamentales» detectadas en Ceuta durante los meses de septiembre y octubre de 2026 en los procedimientos de triaje, protección internacional, devolución y retorno de personas extranjeras tras las entradas masivas de migrantes de julio.
El Defensor del Pueblo ya está estudiando una queja de asociaciones militares por la «precaria» situación en la que están prestando servicio el personal en las calles y perímetro fronterizo de Ceuta. Las organizaciones han expuesto a la institución que dirige Ángel Gabilondo la «tensión operativa» que existe en la ciudad autónoma, así como las agresiones, falta de protocolos claros de actuación, exposición sanitaria sin medidas de prevención de riesgos laborales suficientes y ausencia de amparo para proteger los datos identificativos del personal y de sus familias frente a posibles señalamientos y represalias.
Ahora, la Asociación Elín, Irídia, No Name Kitchen, Novact Red Acoge, Federación Sur Acoge, Amnistía Internacional España y Oxfam Intermón plantean «serias dudas» sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derecho de asilo, tutela judicial efectiva y principio de no devolución. También han expresado su preocupación por la opacidad en relación con los retornos supuestamente voluntarios que se han sucedido en los últimos días, y la falta de transparencia respecto a las garantías del derecho a la información.
Los hechos que las organizaciones aseguran haber documentado afectan, entre otras, a personas procedentes de países en conflicto o con elevadas necesidades de protección internacional, como Sudán o Chad. Como referencia señalan la denuncia realizada hace unos días sobre la devolución a Marruecos de dos grupos de 14 y 15 personas procedentes de estos países los días 23 y 24 de septiembre.
Esta queja se presenta en un contexto marcado por «el desamparo institucional de miles de personas que todavía no han podido acceder a ninguna atención, entre las que se encuentran personas en situación de especial vulnerabilidad, niños, mujeres víctimas de violencia y personas LGTBIQ+, que están en situación de calle, a lo que se suma la documentación de malos tratos y torturas por parte de militares a personas migrantes».
Las entidades destacan «deficiencias graves» en la aplicación en Ceuta del procedimiento de identificación y evaluación de necesidades (triaje) previsto en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que debe servir para «registrar situaciones de vulnerabilidad y garantizar que las personas sean informadas adecuadamente de la posibilidad de solicitar protección internacional» como falta de información previa clara y comprensible, registro incorrecto de la voluntad de pedir asilo, problemas de traducción e interpretación, y falta de asesoramiento jurídico y ausencia de acompañamiento por parte de las entidades sociales.
Asimismo, denuncian restricciones en el derecho al asilo y al recurso efectivo, dificultades de acceso al procedimiento de solicitud de asilo y utilización de mecanismos de notificación de difícil acceso, como publicaciones oficiales, plazos extremadamente reducidos para presentar recursos y dificultades para acceder de forma inmediata a justicia gratuita. Para las entidades sociales «la combinación de estos elementos puede provocar que una devolución se ejecute antes de que una persona haya podido comprender e impugnar de forma efectiva la decisión».
La queja también señala preocupación por la falta de información respecto a los retornos grupales supuestamente voluntarios acontecidos los últimos días (2.500 en solo una semana), al haber dudas respecto al acceso a la información y al procedimiento de asilo, y a que se haya respetado la libre decisión en el ejercicio de este derecho.
Por todo ello las entidades demandan la «paralización inmediata» de cualquier devolución de personas que hayan manifestado su voluntad de solicitar protección internacional o respecto de las cuales existan dudas sobre si esta voluntad ha sido correctamente identificada y registrada.
Piden, ademas, que se garantice desde el primer momento información comprensible, interpretación efectiva, asistencia jurídica independiente y mecanismos para corregir errores y aportar documentación; que ninguna persona pueda perder la posibilidad de solicitar protección internacional por no haberlo hecho durante un único momento del procedimiento y que se garanticen notificaciones personales y efectivas, plazos suficientes para recurrir y acceso inmediato a asistencia jurídica gratuita , evitando que las devoluciones puedan ejecutarse antes de que exista una revisión judicial efectiva.
Asimismo, que se realice una valoración individualizada de las situaciones de vulnerabilidad, especialmente en el caso de infancia, víctimas de trata, violencia sexual o de género, tortura y otras formas graves de violencia; que se activen los traslados a recursos de acogida en la península para garantizar unas condiciones dignas y el ejercicio efectivo de los derechos; que el Gobierno haga públicos los protocolos, instrucciones, órdenes y criterios que están regulando actualmente el triaje, las devoluciones y el acceso al procedimiento de protección internacional y que el Defensor del Pueblo investigue estas prácticas y ejerza «plenamente su función como Mecanismo independiente de seguimiento y monitoreo de los derechos fundamentales en los procedimientos fronterizos , incluyendo el seguimiento de los procedimientos de triaje, protección internacional y devolución aplicados actualmente en Ceuta».
