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Vox ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga que revise los requisitos económicos para acceder a viviendas protegidas en alquiler tras señalar que «familias trabajadoras que habían resultado seleccionadas inicialmente en promociones de Teatinos y del sector Universidad han quedado excluidas por no cumplir las condiciones exigidas».
La portavoz adjunta del grupo municipal Vox, Yolanda Gómez, ha solicitado este martes durante una atención a medios la revisión de los expedientes de los afectados y de los criterios económicos aplicados, así como el estudio de alternativas para acreditar la solvencia de las familias cuando la normativa lo permita.
Asimismo, ha afirmado que la formación ha remitido una carta al alcalde, Francisco de la Torre, solicitando su «intervención urgente» al respecto. Asimismo, ha adelantado que Vox llevará una moción al próximo Pleno municipal «para exigir medidas concretas» ante esta situación.
La formación ha asegurado que ha mantenido encuentros con varios afectados por la adjudicación de viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad de la capital, quienes han lamentado que pese a «tener capacidad económica como para afrontar un alquiler de aproximadamente 500 euros mensuales, han terminado excluidos de la adjudicación tras haber sido seleccionados inicialmente».
Al respecto, la portavoz adjunta de Vox ha lamentado que Málaga vive una situación que ha calificado como «absurda» en vivienda protegida: «Hay que ganar demasiado para acceder a una VPO, pero no lo suficiente para poder alquilar una vivienda en el mercado libre», ha señalado.
Asimismo, Gómez ha considerado que «el procedimiento debe revisarse para evitar que las familias generen expectativas de acceder a una vivienda y posteriormente sean excluidas por no cumplir los requisitos económicos», por lo que la formación ha propuesto «estudiar la comprobación» de las condiciones de acceso antes de celebrar los sorteos.
En el caso de la promoción Distrito Universidad R-15, la formación ha indicado que, según la información facilitada por los afectados, se establece una base imponible anual de 23.500 euros en el IRPF.
Gómez ha reclamado que se explique cómo se aplican los requisitos a cada solicitante y ha cuestionado que esos ingresos sean necesarios para afrontar un alquiler de unos 500 euros mensuales.
Asimismo, la formación ha subrayado que esta «magnitud fiscal no equivale directamente al salario bruto anual» y reclama que se explique cómo se aplican los requisitos a cada solicitante.
«¿De verdad hacen falta esos ingresos para pagar un alquiler de 500 euros? ¿Para quién se están construyendo estas viviendas protegidas?», ha planteado Gómez, quien ha añadido que algunos solicitantes han cambiado su situación laboral desde su última declaración de la renta y aseguran disponer actualmente de ingresos suficientes para pagar el alquiler.
Por ello, Vox ha pedido estudiar la posibilidad de valorar su solvencia actual cuando la normativa lo permita, así como recurrir a garantías alternativas, como los seguros de impago.
Por otro lado, según han trasladado los afectados a Gómez, «los gastos de comunidad podrían rondar los 100 euros al mes». Por lo que ha afirmado que su formación ha pedido «aclarar» el importe de estos costes y su repercusión en el gasto total de los inquilinos.
«El Ayuntamiento tiene que explicar qué requisitos se pactaron con la promotora, qué margen había para establecer mínimos más razonables y por qué no se ha buscado un sistema que facilite el acceso a las familias trabajadoras», ha señalado Gómez.
Vox también ha reclamado al Consistorio «datos oficiales» sobre cuántas personas fueron seleccionadas inicialmente en la promoción R-15, cuántas han cumplido finalmente los requisitos y cuántas han quedado excluidas.
Por su parte, la parlamentaria de Vox Rocío Marín ha apuntado la dimensión de la «crisis de acceso a la vivienda en la capital» y ha cuestionado que, «después de años de gestión municipal, numerosos malagueños sigan encontrando dificultades para acceder a una vivienda asequible».
«Lo que ocurre en Málaga con la vivienda puede ser denominado como el apocalipsis», ha afirmado Marín, quien ha recordado que el alcalde, Francisco de la Torre, «presumió recientemente de haber construido 5.300 viviendas protegidas en 24 años», una cifra que la parlamentaria ha considerado «insuficiente ante las necesidades actuales de la ciudad».
Marín también se ha referido a los casos de personas que, pese a haber sido seleccionadas inicialmente para una vivienda protegida en alquiler, no pueden acceder finalmente a ella debido a los límites económicos aplicados.
«Vemos cómo malagueños con sueldos ubicados en la media no pueden acceder a una VPO en alquiler pese a que en un principio se les asignó», ha afeado al Consistorio.
Marín ha responsabilizado tanto al PP como al PSOE de la situación de acceso a la vivienda y ha sostenido que «las políticas desarrolladas por ambos partidos no han conseguido resolver las dificultades que afrontan las familias para encontrar un hogar a un precio asumible».
