Artículo completo
Desfilan los soldados por las calles. Sobre sus cabezas rugen los aviones, las autoridades ocupan sus lugares en la tribuna y una enorme bandera se despliega. Mientras tanto, en algún barrio andaluz alguien abre un ordenador para buscar un piso de alquiler, comprueba los precios y vuelve a cerrarlo.
Las dos escenas pertenecen al mismo sitio. Lo que no está tan claro es que pertenezcan a la misma nación.
Cada 12 de octubre España se celebra a sí misma. Unos encuentran en esa fecha una razón de orgullo; otros recuerdan la conquista de América, sus violencias y la herencia colonial que todavía pesa sobre millones de personas. Pero discutir qué ocurrió hace cinco siglos no soluciona los problemas de hoy.
Una bandera, unas fronteras y un himno, incluso los muertos que defendieron esos símbolos no explican qué obligaciones tiene ese territorio con los vivos. Con quienes se levantan de madrugada para trabajar, cuidan de sus mayores, llevan a sus hijos al colegio o envejecen después de haber pasado cuarenta años sosteniendo un país que ahora les resulta cada vez más extraño.
¿De qué sirve sostener unos símbolos cuando uno no puede permitirse vivir en en la tierra que representan?
Pienso en los jóvenes que continúan durmiendo bajo los mismos techos de su infancia. En las parejas que aplazan tener hijos porque no encuentran dónde criarlos o que incluso deciden ya no tenerlos. En los ancianos que ven desaparecer sus barrios detrás de las persianas de los apartamentos turísticos. En quienes trabajan limpiando hoteles, sirviendo mesas o construyendo viviendas que jamás podrán comprar. No son extranjeros en su tierra. No han cruzado ninguna frontera. Y, sin embargo, comienzan a descubrir lo que significa sentirse expulsados de su propia casa.
Durante siglos hemos visto marcharse a generaciones enteras buscando fuera lo que aquí se les negaba. Nuestros abuelos salieron hacia Cataluña, Alemania, Francia o Suiza con una maleta y la esperanza de regresar algún día. No se marchaban porque les faltara amor por Andalucía, sino porque el amor no da de comer.
Blas Infante comprendió muy pronto que no podía existir una Andalucía libre mientras sus habitantes carecieran de lo imprescindible. No hablaba de identidad como quien colecciona estampas costumbristas, ni confundía la dignidad de un pueblo con la exaltación de sus símbolos. Miraba hacia la tierra, la propiedad, el jornal y las condiciones materiales de la existencia. En mayo de 1923, ante la Cámara de Inquilinos de Sevilla, denunciaba aquella Andalucía empobrecida, sin tierras en el campo y sin habitación en las ciudades.
Ha pasado más de un siglo. Y todavía hay andaluces sin tierra, sin casa y sin posibilidad de construir una vida independiente.
No es que en este tiempo no se hayan levantado viviendas. Se han construido millones de ellas. Hemos llenado las costas de urbanizaciones, las ciudades de promociones y los pueblos de segundas residencias. El cemento ha avanzado donde antes crecían los árboles, y las grúas se han convertido durante décadas en una especie de bandera nacional. Lo que no hemos conseguido es que disponer de un hogar deje de ser, para demasiada gente, una fuente permanente de miedo.
Porque una vivienda no es el lugar donde una madre toma la temperatura a su hijo enfermo, donde dos personas se abrazan después de discutir, donde se guarda la ropa de quien ya ha muerto y donde alguien puede cerrar la puerta cuando el mundo se vuelve insoportable.
Una casa es también el derecho a tener intimidad, memoria y futuro.
Naturalmente, habrá quien diga que el mercado tiene sus reglas, que los propietarios necesitan seguridad y que no podemos pretender que los precios se fijen por decreto. Todo eso merece una discusión seria. Pero también deberíamos preguntarnos qué ocurre cuando esas reglas terminan siendo incompatibles con la vida de una parte creciente de la población. Cuando el salario de quien trabaja no alcanza para pagar un alquiler. Cuando una ciudad resulta más rentable acogiendo visitantes durante tres noches que permitiendo vivir a sus vecinos durante treinta años.
Entonces el problema deja de ser exclusivamente inmobiliario y se convierte en una cuestión política, moral y democrática.
No se puede exigir arraigo a quien se obliga a marcharse. No se puede reclamar natalidad a quienes carecen de espacio para formar una familia. Y no se puede hablar indefinidamente de cohesión nacional mientras se tolera que la riqueza de un territorio termine expulsando a quienes la producen.
Mañana escucharemos de nuevo que España es una gran nación. No tengo especial interés en discutir su tamaño ni su grandeza. Me interesa mucho más saber qué hace con la gente que vive dentro de ella. Si protege a los más vulnerables, si permite a sus jóvenes comenzar una vida propia, si trata con dignidad a sus mayores y si entiende que el derecho a una vivienda no puede quedarse reducido a una frase solemne en la Constitución.
Quizá la patria sea, después de todo, algo bastante más sencillo de lo que nos han contado. La calle donde aprendimos a caminar, la voz que nos llama desde la cocina, las manos que nos esperan al regresar una vivienda convertida en hogar, no en un hotel de fin de semana.
