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Coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge este martes las II Jornadas Provinciales sobre Pobreza y Exclusión Social 'Derechos, participación y justicia social', un espacio de encuentro, reflexión y diálogo entre entidades sociales, administraciones y otros agentes implicados.
En declaraciones a los periodistas previas al encuentro, la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda en la institución provincial, Marta Siles, ha destacado que «este foro es una oportunidad para reforzar esta realidad que sigue afectando a muchas familias en la provincia de Córdoba. Cuando hablamos de pobreza, no hablamos solo de economía, nos estamos refiriendo también a falta de derechos y de posibilidades para sobrevivir».
En este sentido, la diputada ha recalcado que «desde las administraciones públicas debemos trabajar, conjuntamente con los distintos colectivos y con los ayuntamientos, para mejorar esta realidad en nuestra provincia».
Por su parte, Juan Manuel Reyes, miembro de la junta directiva de EAPN Andalucía y director territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, ha remarcado que «aunque observemos ligeras mejoras en la tasa general de desempleo, no podemos caer en la autocomplacencia cuando la temporalidad, la precariedad laboral y el abandono escolar temprano siguen golpeando con mayor dureza a las familias y colectivos más vulnerables».
Reyes ha incidido en que «en Andalucía hay un 37% de personas en riesgo de exclusión social. Tenemos la esperanza de que un pacto contra la pobreza bien orientado en el largo plazo pueda cambiar este escenario».
La coordinadora de la Red Provincial de EAPN Andalucía en Córdoba y responsable de proyectos del Área de Sinhogarismo de Provivienda, Sonia Pintor, ha subrayado que «hay tres indicadores a nivel provincial que son preocupantes, como son la brecha de género, el aumento de los delitos de odio y el lanzamiento y ejecuciones hipotecarias relacionados con el tema de la vivienda». Pintor ha recalcado que, bajo el lema 'Tú también podrías', «queremos trasmitir el mensaje de que estos problemas nos pueden afectar a todos».
En esta segunda edición de las jornadas se abordarán los principales retos existentes desde una perspectiva centrada en la defensa de los derechos, la participación y la justicia social. La primera mesa redonda, titulada 'Del compromiso a la acción: el decálogo frente a la pobreza en el ámbito municipal', ha sido dinamizada por la Fundación Secretariado Gitano y ha contado con la participación del Ayuntamiento de Córdoba y de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados.
La segunda mesa, 'Historias invisibles, derechos ignorados: mujeres en situación de sinhogarismo', ha estado dinamizada por Provivienda y ha contado con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, la Unidad Móvil Social del Ayuntamiento de Córdoba y el programa 'Housing First-Led Provivienda'.
Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la presentación del Informe Provincial sobre Pobreza y Exclusión Social de Córdoba 2026, que ofrece una radiografía de la realidad social de la provincia a partir de indicadores relacionados con género, vivienda, empleo, educación, migraciones, violencia de género y delitos de odio, con el objetivo de identificar las principales situaciones de vulnerabilidad y contribuir al diseño de políticas públicas capaces de darles respuesta.
El informe identifica importantes desigualdades en el mercado laboral. Córdoba registró una tasa de paro del 14,52% en el segundo trimestre de 2026, mientras que el desempleo continúa afectando de manera especialmente intensa a las mujeres (18,58% femenina frente a 11,08% masculina).
La situación residencial constituye otro de los ámbitos que el informe sitúa entre los principales desafíos para la provincia. Aunque Córdoba presenta uno de los valores tasados de vivienda más bajos de Andalucía, con 1.258 euros por metro cuadrado en 2026, el territorio registró 883 ejecuciones hipotecarias durante 2025, una cifra que refleja las dificultades acumuladas por numerosos hogares para hacer frente al coste de la vivienda y al endeudamiento.
Las conclusiones del informe apuntan a la necesidad de consolidar la mejora del empleo, reducir las desigualdades de género, garantizar el acceso y la permanencia en una vivienda adecuada y reforzar las políticas de inclusión y protección social.
