Las organizaciones que conforman la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato han celebrado que se apruebe «al fin» el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AINODI) y piden «más medidas» para garantizar un correcto abordaje institucional de la discriminación, como «una dotación de recursos suficientes y una reforma legislativa con miras a mejorar el sistema sancionador».
Así lo indica en un comunicado la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, conformada por Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, CONVIVE - Fundación Cepaim, Cruz Roja Española, Federación Estatal LGTBI+, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.
Según señalan estas organizaciones, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, aprobada en julio de 2022, «supuso un hito histórico» en el reconocimiento de la responsabilidad de los órganos del Estado ante las situaciones de discriminación pero lamentan que «tras cuatro años desde su entrada en vigor» las administraciones competentes «siguen sin aplicar esta normativa».
Por ello, consideran que la AINODI «va a tener un papel absolutamente fundamental» en la protección de las víctimas ya que podrá desplegar todas sus funciones, como «el establecimiento de un servicio de atención, universalmente accesible a víctimas, la investigación de quejas, la interposición de acciones judiciales, la realización de estudios y la emisión de quejas».
En todo caso, las entidades esperan que la dotación presupuestaria y de personal sea «suficiente» para que «este organismo pueda acometer debidamente todas sus funciones en el abordaje de la discriminación». Asimismo, afirman que deberían introducirse una serie de modificaciones en la Ley integral de igualdad de trato «para mejorar el sistema sancionador y asegurar así que las situaciones de discriminación que se dan asiduamente sean castigadas y sus víctimas reparadas».
En concreto, para el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la puesta en marcha de esta Autoridad constituye «un hecho relevante en el fortalecimiento del sistema institucional español de garantía de la igualdad y la no discriminación», en el que, según precisa, «la discapacidad ocupa un lugar destacado como uno de los motivos de discriminación expresamente considerados por la legislación nacional y europea».
El CERMI ha anunciado que llevará a cabo en las próximas semanas un análisis detallado del nuevo Estatuto y de sus implicaciones para los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, con especial atención a aspectos como la accesibilidad universal de los servicios de la Autoridad, la atención a las situaciones de discriminación múltiple e interseccional, la participación de las organizaciones sociales especializadas, la producción de datos e informes sobre discriminación por discapacidad y la capacidad de este nuevo organismo para impulsar cambios estructurales en las políticas públicas y en la protección efectiva de los derechos.
Desde HelpAge International España valoran muy positivamente la creación de este organismo al considerar que se trata de «un avance relevante para combatir el edadismo». En este sentido, destacan que para las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas mayores «este avance abre una nueva oportunidad para seguir impulsando acciones frente al edadismo y garantizar que el derecho a la igualdad de trato se ejerza de forma efectiva durante toda la vida».
En palabras de la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, «el edadismo sigue siendo una de las formas de discriminación más extendidas y, al mismo tiempo, más invisibilizadas» por lo que «la puesta en marcha de esta Autoridad Independiente debe contribuir a situar la discriminación por razón de edad en el centro de la agenda pública y de las políticas antidiscriminatorias».
«Desde HelpAge International España esperamos colaborar activamente con este organismo, aportando la experiencia de nuestro Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM), que lleva años acompañando, asesorando y orientando a personas que sufren discriminación por razón de edad. Conocemos de primera mano el profundo impacto que estas situaciones tienen sobre sus derechos, su autonomía y sus oportunidades para desarrollar una vida digna», ha aseverado.
