El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles prorrogar de nuevo, hasta agosto de 2027, la exención a las leyes europeas sobre privacidad que permiten a las plataformas detectar el abuso sexual a menores en Internet y que expirará el próximo abril, una medida que debe aún negociar con los 27 y que busca evitar un vacío legal mientras logran acordar un marco permanente para combatir la difusión de contenido pedófilo en Internet.
Los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) han adoptado su posición con 458 votos a favor, 103 en contra y 63 abstenciones para evitar el fin de la exención a la directiva sobre privacidad electrónica fijada para el próximo 3 de abril.
Con este paso se allana el camino para la negociación con los Veintisiete, que en enero apostaron en su posición por una prórroga de dos años, hasta abril de 2028, tal y como defiende Bruselas en su propuesta inicial. Los colegisladores intentarán llegar a un acuerdo en una primera reunión de sus negociadores este jueves, 12 de marzo.
En concreto se trata de una derogación parcial de las normas de protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas que permite a los proveedores de servicios de comunicaciones --como servicios de mensajería-- utilizar tecnologías específicas para el tratamiento de datos personales y de otro tipo con el fin de detectar abusos sexuales a menores en Internet.
La norma suspendida establece además que los proveedores deben poner a disposición de las autoridades y de la Comisión Europea información sobre las denuncias de abusos sexuales a menores, con el objetivo de facilitar su identificación, denuncia y eliminación de los contenidos.
En este contexto, y pese a apoyar la exención, los eurodiputados defienden que las medidas voluntarias deben seguir siendo proporcionadas y específicas y que no deben aplicarse a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo.
Los eurodiputados tampoco ven con buenos ojos que se permita el escaneo de los datos de tráfico junto con los datos de contenido y piden por tanto que no se permita.
Según el texto de la Eurocámara, la tecnología utilizada para la detección voluntaria de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) sólo debería aplicarse al material que ya haya sido identificado o señalado como tal por un usuario, un denunciante de confianza o una organización.
Además, las medidas deberían concentrarse en los usuarios o grupos de usuarios sobre los que haya una sospecha razonable de conexión con ese tipo de material.
