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Familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia de la Covid-19 han denunciado una «desidia total» de «muchos juzgados» cuando se cumplen dos años de la denuncia colectiva que presentaron por el fallecimiento de 7.291 personas mayores en estos centros, y han anunciado que irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no encuentran justicia en España.
Así lo han avanzado este martes, en una rueda de prensa en Madrid, cuando se cumplen dos años de la denuncia colectiva que presentaron 109 familiares de personas fallecidas en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, contra los exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por los protocolos que limitaban las hospitalizaciones de residentes, por la no medicalización de las residencias y por la negación del traslado de personas sin seguro médico privado.
Según han recordado los abogados del equipo jurídico de las asociaciones de familiares denunciantes, el hecho de que la entonces fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dividiera el procedimiento en múltiples causas en lugar de abrir una única macrocausa, ha provocado «un enorme atasco y retraso judicial» que está «lastrando la causa».
En concreto, el abogado Carlos Castillo ha explicado que, dos años después, hay «39 causas abiertas en juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid, 18 causas pendientes de recursos de apelaciones en audiencias provinciales, 14 en el Tribunal Constitucional recurridos los archivos y otra que se va recurrir» además de «10 procedimientos judiciales archivados» y otros tres abiertos que llevan otros equipos de abogados.
En total, según ha precisado, hay «118 denunciantes que siguen adelante» ya que a esos 109 denunciantes iniciales se suman otros 19 familiares de víctimas que no formaban parte de la denuncia colectiva y que presentaron directamente querellas en los juzgados de la Comunidad de Madrid.
Ante esta situación, la abogada Alejandra Jacinto ha denunciado una «desidia total» de muchos juzgados que «no están actuando con la celeridad que requiere» sobre todo, según ha dicho, teniendo en cuenta el «riesgo de prescripción» que ya ha provocado el archivo de alguna causa.
Asimismo, ha reprochado una «falta de comprensión» de los jueces ya que «se quedan únicamente en el protocolo» sin entrar a investigar los otros hechos que se denuncian. «Piden un informe médico forense que dice que el trasladado de esa persona al hospital no hubiera garantizado su vida y se entiende que no se ha consumado el delito», ha lamentado. Asimismo, ha calificado de «inaudito» que «ningún juzgado ha recibido el plan de choque contra el Covid del Gobierno de Ayuso que contemplaba medicalizar las residencias».
Al mismo tiempo, ha denunciado el «conflicto de competencias» que está provocando que «los presuntos responsables se estén yendo de rositas» y ha criticado los «obstáculos y trabas burocráticas». Por ejemplo, han recordado que en septiembre iba a haber declaraciones y pusieron «una excusa de última hora».
«Basta ya. No se puede seguir torpedeando investigaciones judiciales de estas características en las que en muchos casos no se ha investigado absolutamente nada», ha insistido. No obstante, ha puesto en valor que han conseguido que se investigue a los exaltos cargos del Gobierno de Ayuso por este delito.
Una de las familiares denunciantes, María Jesús, ha lamentado que «la justicia por algún motivo no está dando la talla con las 7.291 victimas» que fueron «abandonadas a una muerte cruel por una decisión política» y se ha mostrado esperanzada ante la posibilidad de que en noviembre se decida investigarlo como una «macrocausa».
Por su parte, Carmen López, de Marea de Residencias, espera que «después de todo este maltrato institucional hacia las familias», algunos juzgados «sigan adelante» y que «esa macrocausa llegue». También ha dicho que es «una balsa de salvación» el hecho de que se hayan ampliado las querellas con el delito de prevaricación ya que este prescribe a los 10 años dando más «margen de maniobra» a los jueces para seguir investigando.
En este contexto, una de las denunciantes y familiar de una de las víctimas ha asegurado que están preparados para ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si aquí no encuentran justicia. «Y si nos morimos muchos en el camino por nuestras edades y enfermedades, nuestros hijos y nietos están preparados para seguir adelante con esta lucha», ha zanjado.
