El director de 'Legalteam', consultoría especializada en procedimientos de extranjería y nacionalidad española, Guillermo Morales, ha advertido de que el "colapso" en entidades puede dificultar la obtención del informe de vulnerabilidad para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
Morales, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que las condiciones que establece el Real Decreto aprobado por el Gobierno son "bastante flexibles", por lo que considera que las posibilidades de denegación serán "muy escasas".
Sin embargo, ha señalado que la principal dificultad se encuentra en la disposición que regula el denominado arraigo extraordinario, donde se introduce la exigencia de un informe de vulnerabilidad. "Aquí es donde empieza la letra pequeña a complicarse el procedimiento", afirma.
El informe de vulnerabilidad será necesario para quienes no puedan acreditar empleo, una oferta laboral o determinadas cargas familiares. En esos casos, deberán acudir a entidades competentes en materia de asistencia social para obtener el documento.
El problema, según ha advertido, es que estos organismos ya se encuentran saturados. "Los ayuntamientos están colapsados", señala, al tiempo que se pregunta si habrá tiempo suficiente para tramitar estos informes dentro del plazo previsto, que finaliza el 30 de junio.
En este contexto, ha planteado dudas sobre el funcionamiento práctico del procedimiento. "¿Tendremos tiempo para presentar este informe de vulnerabilidad?", ha cuestionado, al mismo tiempo que ha alertado de que la falta de este documento podría impedir la tramitación de solicitudes. "Si no se admite la solicitud, nadie tendrá papeles", ha añadido.
El experto también ha criticado el modelo elegido para acreditar la vulnerabilidad, ya que, además de los servicios sociales, permite que determinadas entidades del tercer sector emitan estos informes.
En esta línea, Morales ha explicado que muchas de estas organizaciones están vinculadas a sindicatos. Aunque la norma establece que el trámite debe ser gratuito, ha denunciado que en la práctica se están produciendo cobros, concretamente, de "alrededor de 150 euros".
Más allá de los problemas prácticos, el experto en extranjería ha cuestionado la propia exigencia del informe de vulnerabilidad, al considerar que esta condición debería presumirse en personas en situación administrativa irregular.
"Si estás en situación irregular, ya eres vulnerable", ha argumentado. Además, ha recordado que estas personas no pueden acceder con normalidad al empleo, a la vivienda o a determinados servicios. "Si se presume que toda esta gente está vulnerable ¿para qué me complicas la vida solicitando un informe?", ha agregado.
Igualmente, Morales ha defendido el papel de los juristas en el proceso. "No hay nada más garantista que un abogado en la presentación de un procedimiento porque no es tan fácil como parece", ha destacado.
El experto señala que aún existe margen para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones introduzca aclaraciones sobre este punto mediante una instrucción, en lo relativo al informe de vulnerabilidad. No obstante, se muestra poco optimista sobre esta posibilidad. "Todo parece indicar que no", ha afirmado, en referencia a una eventual corrección del texto sobre esta cuestión.
En relación con las solicitudes que sean rechazadas, ha indicado que, aunque jurídicamente podría iniciarse un expediente de expulsión por estancia irregular, se trata de un escenario poco probable a gran escala.
Por último, Morales ha dicho que "no es de justicia" la exclusión de personas apátridas del proceso de la regularización extraordinaria de migrantes.
