España perdería 63.000 médicos especialistas y 32.000 aulas de Educación Primaria en un escenario de baja migración de aquí a 2075, según el documento 'España ante el reto migratorio: dos futuros posibles', elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), dependiente de la Presidencia del Gobierno, junto a un grupo de trabajo de expertos en migraciones.
El informe, presentado este miércoles en la Fundación Ortega-Gasset y Gregorio Marañón, compara dos escenarios, basados en proyecciones demográficas oficiales: uno en el que los flujos migratorios se mantienen en niveles similares a los actuales y otro en el que los flujos migratorios se reducen en un 30% respecto a las proyecciones actuales.
A partir de proyecciones demográficas oficiales y ejercicios de modelización, el análisis explora cómo estos escenarios podrían influir en variables como el crecimiento económico, el mercado laboral, la provisión de servicios públicos, la sostenibilidad del sistema de pensiones o la evolución demográfica de los territorios rurales.
En concreto, el documento señala que, en un escenario de baja migración de aquí a 2075, la población española se podría reducir en torno a un 25%, hasta los 40 millones de habitantes.
Además, indica que también caería el número de trabajadores hasta los 24 millones de personas, 9 millones menos que si se mantuvieran las tendencias actuales; y que el PIB sería un 22% menor en un escenario de baja migración respecto a un escenario base.
Esto implicaría, según señalan los autores del estudio que "cada trabajador tendría que aportar 2.000 euros adicionales al año para mantener el sistema de pensiones".
En cuanto a los servicios públicos, el estudio apunta que España perdería a 63.000 médicos especialistas, y se cerrarían 32.000 aulas de educación primaria y 18.000 de secundaria.
Asimismo, señala que este escenario podría causar el cierre de hasta 90.000 bares y restaurantes en 2075, cerca de la mitad de los actuales; y añade que, en el campo, 220.000 explotaciones agrícolas, cerca de un tercio de las que existen hoy, dejarían de producir frutas y verduras por falta de mano de obra.
A su vez, pone de relieve que provincias ya amenazadas por la despoblación, como Huesca, Soria y Teruel, verían agravado el problema y podrían perder hasta un 28% de su población en 2075.
Por el contrario, según los autores del informe, si se mantuviera una inmigración sostenida como la actual, se compensaría el envejecimiento y se ampliaría la población en edad activa, impulsando "el crecimiento y la prosperidad económica".
