El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que la futura Ley estatal de profesiones de los servicios sociales incorpore un enfoque inclusivo que favorezca la participación plena de las personas con discapacidad y contribuya a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
En sus aportaciones a la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley, el CERMI ha valorado de forma positiva la iniciativa del Gobierno de España de promover por primera vez una regulación legal de ámbito estatal de las profesiones vinculadas a los servicios sociales, una reivindicación que el movimiento social de la discapacidad venía defendiendo desde hace años, como ha señalado la entidad.
A su juicio, la ausencia hasta ahora de una normativa de este rango suponía "un déficit para el sistema de derechos sociales y para grupos que, como las personas con discapacidad y sus familias, precisan de apoyos humanos más intensos para su inclusión y participación en la sociedad".
Entre sus propuestas, el CERMI subraya la necesidad de que la futura ley establezca un catálogo "amplio, actualizado y flexible de profesiones de servicios sociales". Este listado debería superar las visiones tradicionales y abrirse a nuevas realidades profesionales con impacto social, incorporando perfiles emergentes que contribuyen de forma decisiva a la inclusión de las personas con discapacidad, añade.
Asimismo, la organización propone que la ley incluya "un mecanismo ágil" para actualizar el catálogo de profesiones sociales mediante desarrollo reglamentario, lo que permitiría adaptarlo "con rapidez a las nuevas necesidades sociales sin que se exija modificar la norma legal, que siempre ralentiza".
Por otro lado, el CERMI ve "imprescindible" que la futura legislación contemple "de manera expresa" la situación de las personas con discapacidad que ejercen profesiones de servicios sociales, "garantizando la igualdad de trato y la no discriminación en el ámbito profesional".
En este sentido, plantea que la norma establezca obligaciones para los colegios profesionales y sus consejos generales para asegurar un trato "adecuado e igualitario" a los profesionales con discapacidad, incluyendo la realización de "ajustes razonables y el desarrollo de políticas corporativas que promuevan la igualdad efectiva, con especial atención a la perspectiva de género en el caso de las mujeres con discapacidad".
