HelpAge International España ha alertado sobre la vulneración del derecho a la vivienda de las personas mayores y recuerda que el acceso y la permanencia en una vivienda digna constituyen «un derecho humano esencial y un pilar para garantizar una vida segura, autónoma y con dignidad en la vejez».
La entidad se ha pronunciado de este modo ante el posible intento de desahucio de Mari Carmen, la vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, donde ha vivido más de 70 años, o el que se llevó a cabo con Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años que fue finalmente desahuciado este mes de mayo de la vivienda donde ha residido toda su vida en el barrio de Embajadores, en el distrito Centro de la capital, al ejecutarse la quinta orden de lanzamiento.
La organización denuncia que los desahucios que afectan a personas mayores «no pueden tratarse únicamente como conflictos administrativos o económicos, ya que implican una posible vulneración de derechos reconocidos tanto por el ordenamiento jurídico español como por los estándares internacionales de derechos humanos».
Por ello, defiende que las personas mayores desean permanecer en sus entornos habituales, por lo que pide que las políticas públicas se orienten a «garantizar el envejecimiento digno en comunidad».
En este sentido, subrayan que el disfrute de una vivienda digna y adecuada es un derecho reconocido en la Constitución española, el cual establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho e impedir la especulación.
Asimismo, recuerdan que el artículo 20 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, obliga a las administraciones públicas a garantizar que las políticas de vivienda prevengan cualquier forma de exclusión residencial y tengan especialmente en cuenta las necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. La propia ley establece expresamente la obligación de promover políticas que garanticen la autonomía y la vida independiente de las personas mayores, añaden.
La organización alerta de que este tipo de situaciones afectan especialmente a las mujeres mayores, «muchas de ellas con pensiones insuficientes y trayectorias marcadas por desigualdades económicas y de cuidados acumuladas a lo largo de la vida».
El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) de HelpAge International España también pone el foco en las «graves consecuencias» que la pérdida de vivienda puede tener en la vejez, entre ellas el deterioro de la salud física y emocional, la ruptura de redes de apoyo, el aumento de la soledad no deseada y la pérdida de arraigo comunitario.
La organización considera que la exclusión residencial en esta etapa vital implica una vulneración multidimensional de derechos, estrechamente vinculada a situaciones de pobreza, la fragilidad social y la pérdida de participación comunitaria.
Por ello, la organización pide la paralización inmediata del desahucio, la garantía de alternativas habitacionales adecuadas, accesibles y estables, la aplicación efectiva del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de vivienda, la puesta en marcha de medidas específicas de prevención de la exclusión residencial de las personas mayores y la protección del derecho de las personas mayores a permanecer en sus entornos comunitarios y redes de apoyo.
