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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha asegurado que su familia se encuentra en «riesgo» debido a las amenazas vertidas por grupos del crimen organizado, una situación que vincula directamente con las recientes ofensivas de su Ejecutivo para desarticular a grandes cárteles del narcotráfico que operan en la región.
«Mi familia tiene el riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra los criminales de alta alcurnia», ha declarado el mandatario durante su intervención en el acto de promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales recogida por el diario boliviano 'El Deber'.
Paz ha aprovechado el contexto judicial del acto para visibilizar la vulnerabilidad a la que se enfrentan las autoridades jurisdiccionales del país, especialmente en las zonas fronterizas. «Sé que un juez sufre en la frontera. Cuando el juez se encuentra indefenso ni siquiera tienen que venir a chantajearle nada o venir a ofrecerle algo, solo con la amenaza ya tienen el temor y es verdad, eso ocurre en Bolivia», ha reconocido.
En esta misma línea, el jefe del Estado ha advertido sobre la impunidad y la violencia con la que operan estas redes transnacionales. «Imagínense, ante esas mafias que utilizan armas de grueso calibre, no tienen ni que irles a ofrecer algo, solo les dicen 'hacé la sentencia que quiero que hagas porque si no tu vida corre peligro'», ha denunciado.
Pese a la extrema gravedad de la situación, el presidente ha recalcado la necesidad de mantenerse firmes a la hora de «combatir» esta situación y ha asegurado que la actuación de su Gobierno «por ahora está yendo de buena manera».
Las declaraciones del mandatario boliviano se producen después de que el pasado marzo se capturase y extraditase a Estados Unidos a Sebastián Marset, líder del denominado Primer Cártel Uruguayo y uno de los criminales más buscados del continente.
Marset, de 34 años de edad, estaba requerido por delitos de narcotráfico en Paraguay y Bolivia, así como por blanqueo de capitales en Estados Unidos, cuya agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía hasta dos millones de dólares (1,8 millones de euros) de recompensa por información que facilitara su captura.
