Artículo completo
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que una de las cinco personas ejecutadas el sábado por Arabia Saudí, Hasán bin Zaki bin Mohamed al Faraj, había sido condenado por delitos presuntamente cometidos cuando tenía 14 años y entre denuncias de su defensa de que fue torturado y obligado a firmar la confesión en la que se basó su condena.
«La ejecución de Hasán al Faraj es inaceptable, una situación agravada por el hecho de que las pruebas parecen estar viciadas por la tortura y por un historial bien documentado de juicios injustos», ha declarado la investigadora de HRW sobre Arabia Saudí Joey Shea.
La organización ha señalado que las autoridades saudíes detuvieron a al Faraj el 27 de noviembre de 2017, lo mantuvieron en régimen de aislamiento durante seis meses y lo acusaron de diversos delitos relacionados con el terrorismo. Entre ellos figura uno presuntamente cometido cuando tenía 14 años, que consiste en haberse reunido y entablado amistad con otras personas detenidas o buscadas por las autoridades, según consta en el pliego de cargos y en los documentos judiciales y recoge el comunicado de HRW.
El Tribunal Penal Especializado lo condenó a muerte el 3 de noviembre de 2022, a pesar de las denuncias de que fue torturado y obligado a firmar la confesión en la que se basó su condena, agrega la ONG, que cita a la defensa del ya ejecutado.
Asimismo, Human Rights Watch ha alertado de que el Tribunal Supremo también ha ratificado la pena de muerte de otro hombre, Yusef al Manasif, condenado por delitos cometidos presuntamente cuando tenía 15 y 16 años. «Tras la reciente decisión del Tribunal Supremo, Yusef al Manasif también corre un grave riesgo de ser ejecutado», ha remarcado Shea.
En octubre y noviembre de 2022, el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí dictó sentencias de muerte contra al Manasif y al Faraj, así como contra Alí al Mabiuq, Yawad Qureiris, Alí al Subaiti y Mahdi al Mohsen, todos ellos, incide la nota, por presuntos delitos de terrorismo cometidos cuando eran menores de edad.
A Al Manasif y Al Mabiuq, el tribunal los declaró culpables y los condenó a muerte en virtud de leyes antiterroristas amplias y vagas y basándose casi exclusivamente en confesiones obtenidas mediante tortura, ha lamentado HRW, citando a la defensa.
También en el caso de Qureiris la ONG apunta a «denuncias de que fue sometido a graves golpizas durante el interrogatorio para obligarlo a firmar una confesión», sumadas además a 270 días en régimen de aislamiento. De todos modos, declaró que no cometió ninguno de los delitos que se le imputan, salvo participar en una protesta en 2010, cuando tenía 15 años, aunque el tribunal ratificó su condena a muerte el 2 de marzo de 2025.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó, en noviembre de 2024, que las detenciones de al Manasif, al Faraj y Qureiris fueron arbitrarias y se basaron en el ejercicio, por parte de estos hombres, de su derecho a la libertad de expresión al participar en protestas contra el trato que Arabia Saudí dispensa a la minoría chií del país.
«La oleada de ejecuciones en Arabia Saudí, especialmente aquellas por delitos cometidos por menores, no muestra señales de disminuir en 2026», ha denunciado la investigadora de HRW Joey Shea, que ha subrayado que «esto pone de relieve la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione al gobierno saudí para que detenga de inmediato las ejecuciones y abolida la pena de muerte de una vez por todas».
