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El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión provisional por presuntos delitos relacionados con actividades terroristas a los dos detenidos la semana pasada en la localidad de Irún, en el País Vasco, después de que en septiembre les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos.
Así consta en dos autos de idéntico contenido, recogidos por Europa Press, en los que Piña ordena la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para «garantizar la presencia» de los investigados y evitar "la reiteración delictiva que podría determinar la realización de actuaciones de mayor gravedad
El juez determina que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de organización y grupo terrorista, y tenencia y fabricación de explosivos y armas, tal y como había razonado la Fiscalía, que solicitó la prisión provisional para los investigados.
Piña señala que «la medida se considera idónea para evitar la sustracción de la justicia» y asegurar la «disponibilidad de localización y presencia judicial, e impedir que puedan influir sobre las fuentes de prueba».
Los dos detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 22 años, a los que se les relaciona con un grupo radical de ideología abertzale que ya estaba siendo investigado, pasaron a disposición judicial en la Audiencia Nacional este martes tras personarse el pasado sábado en la comisaría de Irún, acompañados por su abogado.
Ambos investigados «forman parte de Jardun Koordinadora, organización compuesta por 'Jarki', autodefinida como organización que promueve la lucha ideológica revolucionaria, independentista y socialista, y Aske, organización independentista, socialista, proamnistía y contra la represión», según el auto.
Según el juez, el investigado «es el motor principal de Jarki/Jardun» y «ha participado muy activamente en la creación y desarrollo» de la organización, «ejerciendo un papel de responsabilidad dentro de esta organización de la izquierda radical violenta». Y señala que ha sido el «principal impulsor y dinamizador», llevando a cabo labores de captación de militancia, elaboración de manuales de seguridad, directrices organizativas, ponencias políticas, gestión de finanzas, organización de actos o interlocución con otras organizaciones ideológicamente afines.
El magistrado relata que, el pasado 26 de septiembre, agentes de la Ertzaintza identificó en un control de alcohol y drogas a los dos investigados y al tercer pasajero, de nacionalidad irlandesa, sobre el que pesaba un señalamiento de Francia de control discreto.
Sobre la mujer detenida, conductora del vehículo, constaba un señalamiento Schengen de Italia de control discreto por razones de seguridad nacional, mientras que respecto al otro detenido, que ocupaba para el asiento del copiloto, también constaba un señalamiento de Francia de control específico por razones de seguridad nacional, según el auto.
Dentro del vehículo, la Ertzaintza halló una mochila con «una variedad de objetos» que fueron incautados, «entre los cuales se encontraron evidencias sospechosas relacionadas con informaciones sobre un posible zulo con material, información sobre personas pertenecientes a otros cuerpos policiales, decenas de anotaciones manuscritas de matrículas de vehículos, y documentación, en formato papel y pendrives, la mayoría de ellos encriptados», detalla.
Además, también incautaron dentro del vehículo dos teléfonos satelitales y se localizaron «planos de situación de zulos que fueron de la organización terrorista ETA y listados de guardias civiles».
Ante las preguntas de los agentes, la conductora del vehículo señaló que «venían de haber estado en una zona de monte (Sierra de Urbasa, Navarra)», que coincidía con uno de los planos que se encontró en una mochila, añade el instructor.
Asimismo, los agentes incautaron una mochila al otro investigado donde «se encontraron numerosos dispositivos encriptados», de los cuales algunos fueron abiertos y contenían «fotografías de entrenamiento para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública, fotografías con banderas de ETA y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional».
