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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado una iniciativa legislativa «inminente» para revisar el límite de edad en la prestación de hijos enfermos.
«La vía reglamentaria tiene sus limitaciones. Hay cuestiones que necesitan de un rango legal. Por eso también el Gobierno de coalición progresista se ha comprometido, se comprometió para llevar de manera inminente una iniciativa legislativa para revisar el límite de edad en determinados supuestos y otras cuestiones que nos permiten ajustar mejor», ha asegurado Saiz.
Así lo ha puesto de manifiesto en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al ser cuestionada por la diputada de Sumar Aina Vidal sobre si considera «justas» las reivindicaciones de las asociaciones de familias beneficiarias de la prestación CUME (cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave).
En este sentido, Saiz ha asegurado que se han incluido «casi todas» las mejoras de las asociaciones al reglamento que ampliará la prestación CUME, que ha anunciado que verá la luz en octubre.
«He tenido un diálogo permanente con estas asociaciones y, fruto de ese diálogo, hoy les puedo anunciar que el nuevo reglamento, que verá la luz en octubre, incluirá casi todas las mejoras que se habían venido solicitando», ha asegurado la ministra.
En concreto, se ha referido a la posibilidad de escoger indistintamente entre el facultativo de atención primaria o el especialista para los informes, eliminar la incompatibilidad de las prácticas formativas y clarificar las situaciones asimiladas al ingreso hospitalario.
Asimismo, ha indicado que se eliminará la limitación que impedía el acceso al subsidio a las personas trabajadoras con una duración efectiva de la jornada a tiempo parcial igual o inferior al 25%. También ha dicho que ha clarificado el procedimiento para la emisión del informe de la inspección del Servicio Público de Salud que hay que aportar cada dos años.
Igualmente, ha apuntado que el cálculo de la prestación CUME no va a tener en cuenta la reducción de jornada por guarda legal u de otro menor.
«En resumen, hemos atendido las demandas en tres aspectos fundamentales: resolver problemas interpretativos, más seguridad jurídica y adaptar la protección social a las necesidades reales», ha explicado.
Por su parte, Aina Vidal ha pedido reflexionar si una entidad privada con intenciones y con intereses económicos claros debe gestionar el acceso a un derecho de la seguridad social.
«Yo creo que es lógico que las familias sigan exigiendo y planteando dudas sobre cuestiones, en este caso, burocráticas y estoy segura de que vamos a seguir en contacto con ellas mejorando una prestación que es fundamental», ha añadido.
Tras la intervención de Saiz y Vidal, la diputada Idoia Sagastizabal, del PNV, ha preguntado a la ministra «cuándo va a cumplir el Gobierno con las familias cuidadoras». En este sentido, ha señalado que «todo seguirá igual» para las familias cuidadores porque PSOE y SUMAR lo han decidido.
En cuanto a la ampliación del reglamento, ha denunciado que deja aún «cuestiones esenciales que se deben abordar». «No le he oído hablar de los informes de especialistas ni de los procedimientos de inspección o de las terapias especializadas. Una reforma no puede sustituir unos problemas por otros», ha expuesto.
De la misma manera, ha acusado al Gobierno de anteponer «su propio interés político al derecho de las familias» tras anunciar un decreto. «Esto se llama oportunismo político porque la situación de las familias, la enfermedad ni el coste de la medida cambia de aquí a cuando aprueben esa ley», ha agregado.
