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Las personas procedentes de Colombia, Marruecos y Venezuela representan el 51% del total de 1.174.978 solicitudes registradas en el proceso de regularización extraordinaria celebrado en España, según señala el Gobierno en una respuesta parlamentaria.
«En relación con la pregunta de referencia, se informa de que las diez principales nacionalidades de los solicitantes en el proceso de regularización extraordinaria en España, junto con su porcentaje sobre el total de las 1.174.978 solicitudes registradas, son las siguientes: Colombia: 25,9%, Marruecos: 13,3%, Venezuela: 11,8%, Perú: 8,8%, Honduras: 4,8%, Paraguay: 3,8%, Argelia: 3,4%, Senegal: 2,9%, Pakistán: 2,5%, y Argentina: 2,3%», indica el Ejecutivo.
Así lo pone de manifiesto en respuesta a una batería de preguntas del PP, en la que los 'populares' preguntan por el número de solicitudes rechazadas, por las órdenes de expulsión, devoluciones o procedimientos de retorno que han sido suspendidos, así como por las principales nacionalidades de los solicitantes.
Igualmente, el PP pide conocer los expedientes registrados que proceden de personas que previamente habían solicitado protección internacional o asilo y las solicitudes presentadas por personas que se encuentran actualmente privadas de libertad en centros penitenciarios españoles.
Si bien, el Gobierno explica que, a 21 de septiembre, todos estos datos «no están disponibles», puesto que el proceso de tramitación de las solicitudes continuó hasta el 30 del mes pasado.
Por otro lado, en otra batería de preguntas, el PP cuestiona al Ejecutivo sobre los expedientes recibidos con indicios de fraude documental, falsedad en la acreditación de la residencia o utilización de documentación obtenida de forma irregular.
En esta línea, el Gobierno asegura que el Ministerio del Interior «desconoce» el número de expedientes con indicios de fraude, falsedad en la residencia u obtención de documentación obtenida de forma irregular, al formar parte de la tramitación de las solicitudes llevada a cabo por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
No obstante, apunta que, en caso de que se detecten indicios de falsedad documental, se notifican a las Secciones de Investigación de Fraude Documental y de Investigación de Redes de Inmigración de la Policía Nacional, incardinadas en la Unidad Central de Redes contra la Inmigración Irregular y Falsedades Documentales (UCRIF), unidades encargadas de la investigación de este tipo de fraudes, e informan «de forma inmediata» a la Fiscalía.
