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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado a las fuerzas políticas la eliminación de los visados de tránsito aeroportuario para personas procedentes de países en conflicto o con graves violaciones de los derechos humanos, así como el fin de las detenciones de solicitantes de asilo en la frontera.
Así se desprende del decálogo de propuestas presentado por la entidad ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. En el mismo, recoge 10 medidas «imprescindibles» que, según CEAR, «deben complementarse con otras políticas migratorias centradas en las personas y sus derechos».
En primer lugar, la ONG exige «vías legales y seguras» para migrar que sean «realmente accesibles» para todas las personas que las necesitan. Para ello, pide aplicar y reforzar el artículo 38 de la Ley de Asilo, facilitando el traslado a España de personas en riesgo de persecución desde consulados y embajadas españoles.
Asimismo, considera «urgente» eliminar la exigencia de visados de tránsito aeroportuario a personas de países en conflicto o con graves vulneraciones de los derechos humanos, como Palestina, República Democrática del Congo, Siria, Burkina Faso, Malí, Sudán y Yemen.
En lo que respecta a la gestión fronteriza, CEAR indica que la detención de solicitantes de asilo en frontera «tiene que ser siempre el último recurso». Así, apuesta por medidas alternativas a la detención y no ampliar los plazos de procedimiento en frontera donde, hasta ahora, las personas pueden permanecer retenidas hasta un máximo de ocho días. También apunta que no deben introducirse limitaciones a la libertad de movimiento.
También denuncia los «rechazos en frontera» o retornos «voluntarios». «Estas prácticas habituales en las fronteras españolas ponen en grave riesgo el derecho de asilo al no garantizar a las personas el acceso al procedimiento y a las garantías debidas como facilitar información veraz, exacta, exhaustiva y en un idioma que puedan comprender sobre las consecuencias y el alcance de dichos retornos», apunta.
Igualmente, solicita renunciar a la elaboración de una lista de países seguros. En este punto, explica que la elaboración de la misma no es obligatoria conforme al Pacto Europeo de Migración y Asilo y avisa de que «entrañaría el riesgo de devolver a personas a países donde sus vidas y derechos corren serio peligro».
Además, CEAR subraya que es «esencial» rechazar posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países, «por entrañar riesgos de detención arbitraria, denegación de garantías jurídicas y violaciones del principio de no devolución».
En cuanto al Pacto Europeo de Migración y Asilo, pide garantizar que la normativa española opte por la aplicación «más favorable» a los derechos humanos y el derecho de asilo, cuando la legislación europea lo permita. «El Pacto no debe suponer un retroceso en la asistencia jurídica, la atención sanitaria y la interpretación de calidad en una lengua que la persona pueda comprender», señala.
Respecto a la protección internacional, indica que se debe registrar la solicitud en un plazo máximo de cinco días desde que la persona exprese su voluntad de solicitar asilo y en un plazo de 21 días desde el registro para su formalización mediante entrevista. «En caso de superar cualquiera de estos plazos, se debe expedir automáticamente el documento de solicitante de protección internacional», asegura.
Del mismo modo, la ONG defiende que es «imprescindible» facilitar y agilizar la extensión familiar, estableciendo un plazo máximo de tres meses para los procedimientos, así como la concesión por silencio positivo en caso de no ser resueltos dentro de este plazo.
Por otro lado, reclama la eliminación de barreras administrativas en el acceso a la vivienda, el empleo, la salud o la educación para todas las personas, incluidas aquellas en situación de vulnerabilidad. Para CEAR, es «imprescindible» flexibilizar el requisito del empadronamiento, contemplar la ampliación del parque de vivienda social y garantizar el acceso y mantenimiento de cuentas de pago básicas.
Asimismo, apuesta por agilizar, simplificar y flexibilizar los procedimientos de homologación de títulos y garantizar el reconocimiento, por parte de empresas y administraciones públicas, de la documentación que acredita la situación administrativa y la autorización para trabajar.
CEAR también propone crear una estructura administrativa dependiente de Presidencia que reúna todas las competencias en materia de asilo y refugio. Esta deberá contar con capacidad de decisión y gestión, así como del presupuesto necesario y de mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil.
Finalmente, ha exigido un Pacto social y político contra los discursos de odio, frente «al alarmante aumento de los mensajes xenófobos y racistas». A juicio de CEAR, «es urgente que quienes ejercen responsabilidades políticas promuevan en sus discursos la igualdad y la construcción de sociedades inclusivas», sin promover «discursos estigmatizantes, discriminatorios o informaciones falsas».
«Por otro lado, la incertidumbre política y los intereses vinculados a la captación de votos no deben afectar al derecho de asilo y a las personas migrantes y refugiadas», concluye.
