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La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que se ha consolidado como el principal hito social de la legislatura, entrará en vigor este viernes 23 de octubre con el objetivo de reducir la burocracia, ampliar derechos y reforzar la financiación pública.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 16 de septiembre, supone una remodelación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y da respuesta directa al mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que sitúa la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como pilares de los derechos de las personas con discapacidad.
La norma, que fue calificada por el propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como «la mayor reforma social en décadas», elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; incorpora la figura del asistente personal y amplía la figura de atención más allá de la familia directa, permitiendo que vecinos o amigos sean reconocidos oficialmente como cuidadores.
Asimismo, incluye la teleasistencia como derecho subjetivo; reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de 6 a 3 meses; modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas para obras de accesibilidad y prohíbe subir el precio de los seguros a personas con discapacidad.
También blinda por ley la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo que la Administración General del Estado asuma el 50% de su financiación y va acompañada de una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.
Según informó Bustinduy el pasado viernes, los gobiernos autonómicos recibieron del Gobierno central un total de 739 millones de euros adicionales para la dependencia entre julio y septiembre de 2026.
Tras la aprobación y publicación del texto, así como su entrada en vigor, quedarán pendientes algunos aspectos del mismo por necesitar desarrollos reglamentarios. Por ejemplo, la norma señala que el Gobierno, previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, deberá aprobar un nuevo baremo de valoración de la situación de dependencia.
Asimismo, el texto contempla que el Gobierno ha de aprobar, en el plazo de un año, un texto refundido de la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
Al mismo tiempo, de la norma se desprende que el Gobierno debe remitir en el plazo de doce meses, un proyecto de Ley para el reconocimiento, la reparación y la indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad.
En todo caso, el grueso de las disposiciones contempladas en la ley requerirá la intervención directa y el desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas para su puesta en marcha.
Entre los principales problemas por resolver, queda pendiente la plena erradicación de las listas de espera en el sistema de dependencia. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales, un total de 236.736 personas están a la espera de la dependencia, de las cuales, 134.734 personas llevan más de seis meses esperando (el plazo máximo legal), lo que el Gobierno considera 'lista de espera oficial'.
En este contexto, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a las comunidades autónomas que las listas de espera lleguen a cero en 2028.
