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La llegada irregular de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio ha llevado a la Comisión Europea a mantener a España entre los cuatro países del bloque que por estar bajo una mayor presión migratoria pueden apelar a la solidaridad de sus socios y activar el mecanismo previsto en el nuevo Pacto de Migración y Asilo para que parte de los migrantes llegados irregularmente a su territorio sean reubicados en otros Estados miembro.
El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas que en el caso de España se ha tenido en cuenta la situación en Ceuta —aunque la crisis se produjo fuera del calendario del informe—, y en base a esos datos Bruselas considera que el país «está bajo presión migratoria». También Italia, Grecia y Chipre han sido incluidos en el bloque de países elegibles para solicitar la solidaridad de sus socios.
Sin tener en cuenta lo ocurrido en Ceuta, los datos analizados por el Ejecutivo comunitario, según el informe, situaban a España «en riesgo de sufrir presión migratoria», pero no bajo esa presión, lo que en la práctica supone un paso previo en la clasificación que hubiera permitido al Estado miembro acceder a otros instrumentos de apoyo y permanecer bajo la supervisión de Bruselas, pero no el acceso automático al mecanismo de reparto de la carga de la acogida.
En concreto, Brunner ha indicado que el segundo informe anual sobre la gestión migratoria recoge que España sumó «aproximadamente el 20% de todos los cruces fronterizos ilegales a nivel de la UE» y que fue el tercer Estado miembro en cuanto a número de llegadas por las operaciones de búsqueda y rescate. El informe, en todo caso, no hace públicos los cupos de reubicación al que podrán acogerse los países que afrontan mayores problemas para gestionar la migración.
«Si bien las solicitudes de protección internacional disminuyeron un 22%, España era el tercer país de la Unión con mayor número de solicitudes en relación con su PIB y población, y el cuarto en cifras absolutas. España también figura entre los Estados miembros con mayor número de registros de protección temporal (de refugiados procedentes de Ucrania), ocupando el cuarto lugar en la Unión en cifras absolutas. Teniendo en cuenta todos estos elementos, la evaluación concluyó que España se encontraba en riesgo de sufrir presión migratoria», indican desde el Ejecutivo comunitario.
«Teniendo en cuenta la situación migratoria general y el incidente en Ceuta, España está majo presión migratoria», describe el Ejecutivo comunitario, que recuerda que el Reglamento de Gestión de Asilo y Migración prevé la posibilidad de tener en cuenta acontecimientos ocurridos fuera del período de referencia que pudieran influir en los resultados de la evaluación.
Por su parte, otra quincena de países se encuentran «en riesgo de sufrir presión migratoria»: Bélgica, República Checa, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Finlandia. Estos Estados miembro tendrán acceso prioritario al Sistema Permanente de Apoyo a la Migración de la UE y su situación será supervisada y reevaluada con carácter acelerado, si fuera necesario, han explicado fuentes comunitarias.
El mecanismo en cuestión permite que esa solidaridad se aplique de manera «flexible» al objetivo de trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, por lo que los países podrán negarse a recibir a parte de los candidatos a ser reubicados a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
Así las cosas, el informe del Ejecutivo comunitario ofrece la base legal para recurrir al mecanismo de reubicación, aunque los cupos de reubicación dependerán de una decisión adoptada por el Consejo (gobiernos) más adelante, teniendo en cuenta los porcentajes de reparto propuestos por Bruselas y las peticiones y solidaridad puestas sobre la mesa por los 27.
Para ello, los gobiernos deberán presentar sus «compromisos de contribución» de acuerdo a los criterios de reparto justo establecidos por el Pacto y podrán elegir sobre la forma que tendrá su solidaridad, esto es, acogiendo reubicados o haciéndose cargo de deportaciones decididas, dar apoyo financiero u ofrecer otras medidas alternativas; incluso combinar varias de ellas.
