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Organizaciones sociales (Fundación Raíces, Asociación Elin, No Name Kitchen, Mission LifeLine International y la Plataforma de Organizaciones de Infancia) han alertado este jueves de que 400 niños «siguen abandonados» en Ceuta tras más de 100 días desde la entrada masiva de forma irregular a la ciudad autónoma.
En concreto, se han referido a «la situación prolongada de desprotección, de vulneraciones graves de derechos y de riesgos para la integridad física y emocional de la infancia migrante no acompañada en Ceuta» y han exigido «medidas urgentes».
Según la información recopilada por las entidades sobre el terreno, más de 400 niños de entre 14 y 17 años «siguen sin acceder al sistema de protección», alrededor de 200 duermen «directamente a la intemperie» y otros pasan la noche en garajes, portales, trasteros o viviendas «en condiciones precarias».
En esta línea, han advertido de que «muchos carecen de acceso regular a necesidades tan básicas como una cama, una ducha, un aseo o alimentación suficiente, y permanecen expuestos a situaciones de violencia, explotación y otros riesgos para su seguridad».
De la misma manera, han indicado que esta situación «ya no puede considerarse una respuesta excepcional y provisional ante una emergencia». Para las entidades firmantes, el mantenimiento de estos niños fuera del sistema de protección «evidencia el fracaso absoluto del Estado de Derecho».
Como principal causa han señalado la «pésima coordinación» entre las distintas instituciones y la «falta de activación y cumplimiento de solidaridad interterritorial» de las comunidades autónomas con Ceuta «por el uso político que se está haciendo de la crisis humanitaria».
Entre los casos identificados por las organizaciones hay menores con enfermedades o discapacidad que «no han recibido la atención adecuada», niños que han sufrido violencia en sus países de origen o durante su tránsito migratorio, y que podrían estar expuestos a situaciones de explotación sexual.
También han alertado de casos de menores con lesiones que, según sus observaciones, podrían deberse a agresiones por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, han detectado posibles expulsiones de menores a Marruecos «sin las garantías correspondientes». Ante este escenario, han pedido la necesidad de investigar todos estos hechos.
Por otro lado, han denunciado el acceso al sistema de protección continúa sin estar garantizado para menores en desamparo, al depender de su identificación y registro policial. Por tanto, han destacado que "no se está garantizando la evaluación individual de sus circunstancias ni el acceso a los recursos debidos.
Del mismo modo, consideran que los recursos habilitados en Ceuta son «insuficientes o inadecuados» para garantizar una atención «individualizada, estable y segura».
Entre sus principales demandas figuran habilitar «de inmediato» plazas de acogida de emergencia «suficientes»; agilizar la identificación y el ingreso en el sistema de protección; reforzar los recursos humanos y materiales; desbloquear «de manera inmediata» los traslados de menores a otras comunidades autónomas; agilizar las reagrupaciones familiares en España y en otros países europeos; garantizar la atención sanitaria y la protección frente a la violencia; e investigar las «posibles vulneraciones» de derechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que correspondan.
Finalmente, las organizaciones han criticado la «normalización de la violación de derechos humanos como medida de presión» y han solicitado que todas las administraciones lleguen a un consenso que ponga en el centro de todas sus actuaciones la protección a la infancia.
Así, han pedido la intervención del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía para examinar los hechos, supervisar la actuación de las administraciones competentes y promover las medidas que procedan para poner fin a la situación de «desamparo».
