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Entidades de mayores y dependencia han calificado como un «avance histórico» la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, aprobada este miércoles definitivamente por el Congreso de los Diputados, pero han pedido que vaya acompañada de «financiación suficiente».
Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) han respaldado la aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad aunque han reclamado al Gobierno que cuente con las organizaciones de mayores para la monitorización de los principales ejes de la reforma, como la reducción de los tiempos de espera para el reconocimiento de los diversos grados de dependencia y la asignación de prestaciones, o la incorporación del asistente personal y la teleasistencia como servicios complementarios y no incompatibles.
El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha puesto en valor la apuesta por el «modelo de autonomía personal» que plantea esta reforma, al ofrecer más opciones a las personas dependientes para que puedan elegir «cómo y dónde son cuidados», aunque también ha recordado que, para que las medidas planteadas sean realmente efectivas, «se debe cumplir con la inversión destinada a medios y las ayudas asignadas deben ser inmediatas».
Entre otras reivindicaciones, CEOMA solicita un mayor reconocimiento de los cuidadores y recuerda que más del 80 por ciento de los cuidados en España lo sostienen las familias, en concreto, mayores que cuidan de otros mayores, llevando a cabo una tarea «sin apoyos ni medios en numerosas ocasiones».
Para Fernández Santillana, «los grandes avances que plantea esta reforma se sustentan en el reconocimiento de la dignidad y autonomía de la persona dependiente, ya que la mayoría de medidas comparten una visión centrada en la escucha activa y la personalización de los cuidados, con el objetivo de ofrecer las herramientas necesarias para que las personas dependientes mantengan el control de sus vidas».
Avances que, según explica, deben ir acompañados de la creación de comisiones con entidades del sector, como CEOMA, que acerquen a las administraciones las necesidades reales de las personas afectadas y al mismo tiempo, realicen una evaluación anual que garantice el cumplimiento de las medidas propuestas.
Por su parte, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha valorado que la nueva ley puede suponer «un avance histórico» para el sistema de cuidados y apoyos, pero ha alertado de que «más derechos sin financiación suficiente pueden convertir la nueva ley en una oportunidad perdida».
«Nadie puede estar en contra de ampliar derechos. Nosotros los hemos defendido siempre. Pero cuando aumentan las prestaciones, los servicios y las obligaciones del sistema, también deben aumentar de forma suficiente y estable los recursos económicos para sostenerlos. De lo contrario, corremos el riesgo de generar frustración y expectativas incumplidas en miles de familias», ha subrayado la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte.
Además, la CEDDD ha advertido de que España «arrastra importantes problemas estructurales» en la atención a la dependencia y la discapacidad, especialmente «las listas de espera, los retrasos administrativos y las enormes diferencias territoriales en el acceso a los servicios y prestaciones».
Por ello, ha reclamado que la aplicación de la nueva ley incorpore «indicadores públicos de cumplimiento y objetivos verificables para todas las administraciones competentes» y ha exigido «un Pacto de Estado» que «blinde el sistema frente a los cambios de gobierno».
Mientras, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha valorado esta aprobación como «un avance histórico hacia un sistema más justo, inclusivo y centrado en las personas», al tiempo que ha reclamado que el desarrollo reglamentario y presupuestario de la norma «garantice la efectividad real» de los nuevos derechos reconocidos.
Como entidad que ha participado activamente durante todo el proceso legislativo trasladando propuestas y enmiendas, la PMP considera «especialmente relevantes» aspectos como «el refuerzo de la financiación del sistema de dependencia, la ampliación y flexibilización de servicios y prestaciones, el impulso de la atención comunitaria y el fortalecimiento de los derechos vinculados a la accesibilidad y la autonomía personal».
