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El 51,7% de los niños y adolescentes con discapacidad participan en actividades de ocio municipales, pero solo el 46% de ellos se sienten integrados con sus compañeros y cuatro de cada diez se relaciona con los demás participantes.
Así se desprende de un estudio 'Ocio accesible e inclusivo en la infancia y adolescencia con discapacidad', elaborado por Fundación ONCE, para determinar en qué medida la oferta pública de ocio cumple su función de fomento de relaciones sociales y pertenencia en el caso de los chavales con discapacidad.
El trabajo analiza las actividades vinculadas a la cartera municipal dirigidas a la infancia y la adolescencia fuera del horario lectivo o en periodos vacacionales de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga, aunque no representan el volumen total de actividades de ocio disponible en cada ciudad.
Para su elaboración, se ha utilizado un enfoque metodológico mixto que combina fuentes documentales e institucionales, complementado con entrevistas a personal técnico municipal, dos cuestionarios en línea —a familias y a profesionales— y grupos de discusión.
Entre sus principales conclusiones figura el hecho de que la presencia en una actividad no equivale a una participación efectiva ni garantiza una experiencia inclusiva.
En la misma línea, el estudio encuentra situaciones de exclusión durante el desarrollo de las actividades especialmente relevantes: en el 32 % de las experiencias el menor con discapacidad permanecía observando o esperando mientras el resto realizaba actividades en las que él no podía participar, y en el 27% las familias señalan que se le animó a abandonar la actividad.
Estos resultados sugieren que, ante las dificultades, la respuesta no siempre consistió en adaptar la actividad o reforzar los apoyos, sino en trasladar al participante la recomendación de dejarla.
Otro aspecto que pone de manifiesto el trabajo es que el acceso a este tipo de actividades está estrechamente asociado a las necesidades de apoyo. Así lo confirma la realidad de que ha participado alguna vez en ellas el 65% de quienes requieren apoyo puntual, frente al 34,9% de los que necesitan apoyo intensivo; y el 59,4% de quienes tienen reconocido un grado de discapacidad de entre el 33 y el 64%, frente al 34,3% de los que alcanzan un grado igual o superior al 65%.
La participación es máxima entre los 6 y los 11 años y se reduce durante la adolescencia, mientras que no se observan diferencias estadísticamente significativas según el género. Con mayor o menor discapacidad, para que un menor pueda participar plenamente en este tipo de actividades, «el personal y la formación son centrales, pero deben integrarse en una organización inclusiva», advierte el informe. Y argumenta que «la incorporación de una persona de apoyo no garantiza la inclusión si el niño, niña o adolescente queda vinculado exclusivamente a quien lo acompaña».
Su eficacia depende también de las ratios, la estabilidad de los equipos, el conocimiento previo de las necesidades, el tiempo de planificación y la coordinación.
El estudio señala también que la puerta de entrada continúa generando desigualdades. Entre las barreras señaladas por las familias destacan la falta de plazas (24%), la exigencia de que una persona adulta de la familia permanezca durante la actividad (18%) y la denegación de la plaza o la no admisión porque la entidad considera que no puede atender las necesidades del menor (13,8%).
Familias y profesionales coinciden en situar la falta de personal de apoyo y de formación entre las barreras más frecuentes, y su disponibilidad y preparación entre los facilitadores más valorados. Desde la perspectiva de las familias, los facilitadores más señalados son las plazas reservadas o garantizadas (31,9%), las ayudas económicas (27,9%) y la información clara y accesible (25,8%).
Los profesionales destacan la disponibilidad de personal de apoyo (55,6%), la formación específica del equipo (51,1%), las ratios reducidas (46,7%) y el diseño de las actividades pensado desde el inicio para la diversidad (42,2%).
En lo que coinciden las familias, es en el hecho de que «la participación genera efectos positivos claros» tales como el mayor disfrute y bienestar emocional (56,9%), la mejora de las relaciones y habilidades sociales (49%), el aumento de la autonomía y la autoestima y una mayor sensación de inclusión, junto con una mejora del bienestar familiar (37,3%) y de las posibilidades de conciliación (25,5%).
A tenor de esto, el estudio plantea algunas recomendaciones para mejorar el aprovechamiento de estas actividades por parte de los beneficiarios como garantizar el acceso y dotar a las actividades de equipos suficientes, formados y estables; asegurar condiciones mínimas comunes con independencia del modelo de provisión; revisar los procedimientos de admisión; normalizar una información clara y accesible; reforzar la accesibilidad en todas sus dimensiones; sostener una cartera plural y coordinada, e implantar sistemas de información y evaluación del recorrido completo.
