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La Fundación Cruz Roja Española ha celebrado la quinta sesión de sus Conversaciones Humanitarias generadoras de Talento, un foro dedicado a reflexionar sobre los grandes retos sociales, en el que ha analizado cómo «la revolución demográfica, el envejecimiento poblacional y las desigualdades territoriales exigen replantear el diseño urbano Y transitar desde la búsqueda de ciudades eficientes hacia modelos que pongan los cuidados y la calidad de vida en el centro».
El encuentro, titulado 'Ciudades Habitables: proximidad, cuidados y vínculos humanitarios', y enmarcado en el eje temático Demografía y Vulnerabilidad desarrollado durante 2026, ha reunido a un panel internacional de expertos que ha debatido sobre los criterios mínimos que debe cumplir una ciudad para ser considerada habitable en el contexto actual de transformación demográfica.
El director científico de la cátedra ETI de IAE París-Sorbona, Carlos Moreno, ha señalado que el primer requisito es que la ciudad «no enferme ni física ni mentalmente», advirtiendo que «la soledad urbana equivale al impacto de fumar 13 cigarrillos al día» y defendiendo la necesidad de garantizar un entorno limpio, espacio público para la sociabilidad y «tiempo útil» para vivir.
La catedrática de Sociología e investigadora del CSIC, María Ángeles Durán, ha contrapuesto las ciudades que crecen porque ofrecen empleo a las «buenas ciudades». «Una ciudad habitable debe ser segura, evitando el estrés derivado del miedo, y disponer de capacidad redistributiva para atender a quienes no pueden obtener recursos en el mercado, especialmente niños, personas mayores, dependientes y colectivos migrantes», ha argumentado Durán.
El epidemiólogo y presidente del Centro Internacional de Longevidad, Alexandre Kalache, ha resumido sus exigencias en tres aspectos fundamentales: «el protagonismo de los mayores escuchando sus demandas; el combate directo al edadismo como el último gran tabú social; y la eliminación de las desigualdades territoriales».
Moreno ha explicado que las ciudades actuales sufren el patrón funcionalista heredado de la Carta de Atenas de 1933, que «dividió el espacio en áreas especializadas de trabajo, residencia, ocio y comercio, imponiendo el uso masivo del automóvil y generando grandes atascos, contaminación y pérdida de vida familiar», transformando a los ciudadanos en «centauros del siglo XXI» -mitad persona, mitad coche- obligados a habitar en «cajetillas de fósforos» lejos del centro urbano.
Durán ha aportado cifras sobre la economía invisible de los cuidados, demostrando que «si el tiempo no remunerado que los hogares dedican a cuidar a personas enfermas y personas dependientes en España se pagase al salario mínimo interprofesional, requeriría el 12% de todo el presupuesto consolidado del Estado», lo que equivaldría a «5 millones de personas trabajando a tiempo completo sin retribución dentro de una población activa de 20 millones».
Durán y Kalache han advertido sobre la necesidad de redistribuir los recursos y romper la brecha de género, denunciando que «los cuidados siguen recayendo en las mujeres» y señalando «la alta dependencia de trabajadoras inmigrantes —de países como Marruecos o Ecuador— que asumen la atención domiciliaria en condiciones de vulnerabilidad».
Moreno ha defendido la «proximidad feliz» a través de la ciudad de los 15 o 30 minutos, donde «el acceso cercano a los servicios y la vivienda social sea un derecho garantizado y no un privilegio mercantil», criticando la mercantilización de servicios básicos como la sanidad, la educación y la vivienda.
Kalache ha adaptado un proverbio africano afirmando que «así como hace falta toda la tribu para educar a un niño, hace falta toda la comunidad para cuidar a una persona mayor», instando a promover la corresponsabilidad masculina y el apoyo público en el cuidado de los mayores.
