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El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha reclamado la reserva del 40% de la vivienda pública para la juventud y la rebaja de la edad de voto a los 16 años en todas las elecciones e iniciativas legislativas populares.
Así se desprende del documento presentado este jueves por la entidad 'Condiciones para vivir en condiciones: Prioridades para mejorar la vida de las personas jóvenes en España', una propuesta que recoge las principales reivindicaciones del tejido asociativo juvenil.
El documento aborda un total de nueve ámbitos: vivienda, empleo, democracia y participación, territorio y clima, salud mental, tecnología y entornos digitales, educación, feminismos e igualdad de género, e igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación.
Con este plan, el CJE busca poner estas propuestas a disposición de las instituciones y administraciones públicas, con el objetivo de contribuir al desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades de la juventud y se traduzcan en avances concretos.
En este sentido, el CJE sitúa la vivienda como uno de los grandes «obstáculos» estructurales. Según datos del Observatorio de Emancipación de 2025 recabados por el propio organismo, una persona joven debe destinar en promedio el 98,7% de su salario al alquiler individual, situando la tasa de emancipación residencial en apenas un 14,5%.
Para corregir esta situación, propone ampliar el parque público de vivienda social y asequible hasta alcanzar la media europea, reservar el 40% de la vivienda pública para jóvenes y mantener de forma indefinida la protección de las viviendas protegidas.
Asimismo, en el mercado de alquiler, demanda intervenir las zonas tensionadas para que el coste habitacional no supere el 30% de los ingresos, adaptar la Ley de Arrendamientos Urbanos al alquiler de habitaciones y pisos compartidos, y prohibir que los honorarios inmobiliarios recaigan en la parte inquilina.
En el terreno laboral, la entidad advierte de que dos de cada tres jóvenes inician su trayectoria en empleos «precarios». Frente a esto, el Consejo plantea reducir la jornada laboral a 32 horas semanales, incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y aplicar una cuota cero permanente para trabajadores jóvenes autónomos.
Igualmente, insta a aprobar de forma definitiva el Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral, remunerar las prácticas curriculares y eliminar las extracurriculares. En el ámbito de la protección social, solicitan facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde los 18 años y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante un enfoque intergeneracional.
En cuanto a la participación política, el informe 'Entre el cuestionamiento y el cambio' del CJE expone que el 93% de las personas de 18 a 24 años considera necesarias nuevas vías de participación. Además del voto a los 16 años, la organización propone la implementación del Youth Test -una evaluación de impacto juvenil previa al diseño de las políticas públicas- y la modernización de los canales de interlocución institucional.
El documento subraya también la brecha socioeconómica y su impacto en la salud mental. Según el estudio 'Equilibristas 2.0', el 28,1% de los jóvenes con dificultades económicas sufre problemas de salud mental con mucha frecuencia, en comparación con el 11,5% de quienes disponen de una posición acomodada.
Así, la plataforma demanda una educación «pública, gratuita y universal», medidas contra el abandono escolar y el reconocimiento de las competencias adquiridas mediante la educación no formal y el voluntariado. También propone reforzar la atención psicológica infantojuvenil, reducir las listas de espera y mejorar la orientación en los centros educativos, abordando la salud mental desde sus determinantes sociales, como la precariedad, la vivienda y la discriminación.
De la misma manera, defiende reforzar la educación en igualdad y afectivo-sexual y combatir todas las formas de violencia y discriminación. Para ello, plantea mejorar la formación de profesionales, fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento y garantizar que las personas jóvenes con discapacidad, LGTBI+ y racializadas puedan ejercer sus derechos y participar en igualdad de condiciones.
Por último, el CJE urge a regular la responsabilidad de las plataformas digitales ante los discursos de odio y el acoso, e insta a asegurar una transición ecológica «justa» orientada al empleo verde y al transporte público «asequible».
