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El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha evitado concretar plazos para la supresión de los copagos en las ayudas a la dependencia, pero ha garantizado que con la reforma que previsiblemente se aprobará esta tarde en el Congreso el objetivo es que «sea cero o lo más cercano a cero en el futuro» en las prestaciones básicas.
«El objetivo es que esa diferencia se vaya acortando», ha argumentado el titular de Derechos Sociales en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha destacado la necesidad de que comunidades autónomas y ayuntamientos dispongan de información sobre los copagos actuales en las ayudas a la dependencia.
«Ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuánto dinero están pagando las familias y esta reforma mandata un año a las comunidades autónomas, ayuntamientos y al Gobierno central para que emerja toda esa realidad, para saber qué parte del coste están soportando las familias», ha indicado. Según el ministro, el objetivo de esta medida «no puede ser otro que la eliminación del copago o su reducción a la mínima expresión» que es «una fuente de desigualdad». Precisamente, la supresión de estos copagos es una de las principales demandas de las organizaciones sociales.
Respecto al calendario para la entrada en vigor de las medidas que prevé la reforma, Bustinduy ha explicado que la ley que previsiblemente se aprobará esta tarde «iría al BOE mañana mismo» y algunas de estas medidas «entrarían en vigor inmediatamente», mientras otras necesitan desarrollos reglamentarios.
No ha concretado, no obstante, las medidas que serán de aplicación inmediata por parte de las comunidades autónomas, pero ha asegurado que ya antes de que se publique la ley «está cambiando (la vida de las personas dependientes)». «Por primera vez en la historia no solo hemos hecho una ley que es ambiciosa sino que hemos puesto el dinero por delante y solo en los meses de julio y agosto las comunidades que gestionan el sistema ya han recibido 500 millones de euros más», ha argumentado.
Esto se traduce, según el ministro, «en la cantidad de gente que hay atendiendo las prestaciones de dependencia, los tiempos de espera». Y, en este sentido, ha enfatizado el objetivo que fija la reforma de que estos tiempos de espera se reduzcan a la «mitad en 2027 y en el 2028 desaparezcan porque se han puesto los recursos para ellos».
Asimismo, ha explicado que fruto de estas reformas van a surgir nuevos derechos como la «teleasistencia universal que todo el mundo que está en el sistema va a tener». Y, al ser preguntado por el plazo para disponer de este servicio de teleasistencia, ha asegurado que «las comunidades lo van a tener que hacer automáticamente». «Persona que se dé de alta en el servicio, persona que sea usuaria de la dependencia, persona que recibirá la teleasistencia».
También se acabará con la incompatilibad de prestaciones, según ha indicado, habrá un catálogo en función de las necesidades de las persona y «una prestación transitoria» mientas se recibe el recurso solicitado.
