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Amnistía Internacional ha pedido información al Gobierno sobre presuntas devoluciones «forzosas e ilegales» desde la frontera de Ceuta a Marruecos tras la llegada de forma irregular de 72.000 migrantes el 30 y 31 de julio.
En este sentido, la organización se ha mostrado «alarmada» por informes de «devoluciones forzosas sumarias e ilegales» en la frontera que contradicen el discurso del Ejecutivo de que la mayor parte de los migrantes que entraron en Ceuta han regresado ya a Marruecos.
También ha hecho referencia a informes, no confirmados por Amnistía Internacional, que revelan que personas que cruzaron a Ceuta se les negó inicialmente el acceso al agua, los alimentos o la asistencia básica. Además ha recalcado que, según estos documentos, fueron objeto de «ataques» por parte de algunos grupos de ciudadanos.
Por otro lado, Amnistía Internacional ha recibido informes de que a personas que nadaron más allá de los elementos de contención en el mar, han sido «objeto de rechazos» en frontera. La organización ha recordado que el Tribunal Supremo estableció que las autoridades deben respetar en todos los casos el derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluye evaluar cada caso individualmente, prestar especial atención a personas especialmente vulnerables, como menores o mujeres embarazadas, y permitir la formalización de solicitudes de asilo.
Igualmente, ha subrayado que en 2025 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a España a abstenerse de aplicar devoluciones sumarias y expulsiones en la frontera, incluidas las interceptadas en el mar o en las playas y a garantizar que los procedimientos de devolución respeten los derechos humanos, incluido el principio de no devolución.
Por otro lado, ha lamentado «profundamente» la pérdida de vidas a ambos lados de la frontera. En esta línea, ha expuesto que no se trata de un hecho excepcional, sino de «la consecuencia mortal de las políticas de refuerzo del control fronterizo y de externalización de responsabilidades a terceros países, combinadas con la falta de vías seguras y legales, y de una política de asilo y migración centrada en las personas».
Asimismo, la organización ha rechazado que se califique de «invasión», al hablar de la entrada de migrantes, ya que, a su juicio, puede «reforzar estereotipos racistas y deshumanizar a personas migrantes y refugiadas». Por ello, ha pedido a las autoridades que se opongan «firmemente» a este discurso.
Del mismo modo, Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades españolas datos actualizados sobre el número de llegadas, muertes, nacionalidades, edad y género de los migrantes; información sobre las devoluciones; datos sobre el acceso al asilo; la situación de los menores no acompañados; y las denuncias de fuerza por parte de agentes de seguridad o de violencia por parte de civiles contra inmigrantes.
También ha cuestionado la existencia de un supuesto acuerdo entre España y Marruecos para la devolución de todas las personas que hayan entrado en Ceuta y ha solicitado que no se haga público.
Respecto a los menores migrantes no acompañados, Amnistía Internacional ha subrayado la necesidad de establecer procedimientos «ágiles» para proceder a su identificación. Así, con motivo de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia, ha pedido a los gobiernos autonómicos que acepten la acogida «urgente» de los niños que se encuentran ahora en Ceuta y proporcionen una «solución duradera» basada en su interés superior.
