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Farzan (nombre ficticio) llegó a España el 21 de agosto de 2021 a bordo de uno de los aviones militares de evacuación desplegados por el Gobierno español en Afganistán. Actualmente, vive en Castellón, pero con la mirada puesta en su país natal, desde donde hace una llamada desesperada a la comunidad internacional: «La ayuda humanitaria que se quita a Afganistán lo paga la gente».
En una entrevista con Europa Press, el joven afgano de 25 años analiza la deriva de su país tras el regreso del régimen talibán hace cinco años a Afganistán —este 15 de agosto se cumplen cinco años de la vuelta de los talibán— y lanza un alegato contra el bloqueo que sufre la ayuda humanitaria, salvo intervenciones urgentes para evitar crisis de subsistencia.
«Entiendo que ni Estados Unidos ni los países europeos quieran reconocer oficialmente al gobierno talibán, pero que no quiten la ayuda humanitaria porque lo paga la gente», remarca Farzan.
El joven es el mayor de ocho hermanos y estudiaba Políticas y Derecho Internacional en la universidad mientras trabajaba como auxiliar en una farmacia afgana —vinculada al anterior gobierno y encargada de suministrar medicamentos a las fuerzas de seguridad—, que ya había recibido amenazas implícitas. Al desatarse el caos en la capital, logró acceder al aeródromo gracias a que disponía de pasaporte, siendo canalizado hacia el contingente internacional.
«Fuera del aeropuerto estaban los talibanes y dentro, los ejércitos de Estados Unidos y de España. En medio del caos nos ayudaron a subir», rememora. Tras su llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), fue atendido por la ONG Accem, que le facilitó alojamiento, aprendizaje del idioma y el acompañamiento necesario para tramitar su protección internacional.
Para Farzan, la imposición del régimen ha transformado Afganistán en «una cárcel»: «Antes podías dar tu opinión. Ahora, por tus opiniones vas a la cárcel, te multan o hacen sufrir a tu familia. Si hablas de que las mujeres tienen derechos y necesitan ser tratadas como seres humanos y no como esclavas, para ellos es un gran problema».
Uno de los aspectos que más angustia al joven es la situación de sus cuatro hermanas, atrapadas por las restricciones impuestas a la educación de las mujeres a partir de los 12 años.
«Tengo una hermana a la que le cortaron los estudios cuando estaba en grado 11; ahora se ha tenido que casar. Otra más pequeña me decía esta misma mañana por teléfono: 'Hermano, el año que viene paso a sexto grado y ya no puedo estudiar más, ¿puedo irme contigo a España?'. Tengo que decirle que aguante porque es menor, pero imagínate cuántas niñas están exactamente igual», lamenta.
Farzan recalca que la prohibición del acceso femenino a las aulas no responde a preceptos religiosos: «Arabia Saudí, Turquía o Pakistán son países musulmanes y las mujeres estudian. El Islam que yo conozco da derechos a todos los seres humanos».
Pese a que su vocación inicial era continuar sus estudios superiores de Ciencias Políticas en España, la realidad económica le ha obligado a centrar todos sus esfuerzos en el ámbito laboral para enviar remesas a Afganistán, donde la frutería de su padre tuvo que cerrar tras el cambio de régimen.
«Para mí ser independiente aquí en España cuesta dinero, pero es que cada mes tengo que mandar entre 500 y 600 euros a Afganistán. Somos una familia grande y allí no hay trabajo. Mi hermano, que es menor, tiene 20 años y dos hijos, pero no encuentra empleo», explica.
A pesar de la gravedad de la crisis económica, Farzan concluye recordando el potencial sin explotar de su tierra natal: «Afganistán es un país rico en recursos naturales, con hierro, plata y piedras preciosas. La gente vive muy pobre, pero está durmiendo encima de una gran riqueza».
Según datos de Accem, entre 2021 y 2025, España registró 6.128 solicitudes de protección internacional de personas de nacionalidad afgana. Desde agosto de 2021, esta ONG ha atendido a 1.883 personas de origen afgano: 977 hombres y 906 mujeres. Entre ellas, 646 eran menores de edad, 768 tenían entre 18 y 34 años y 167 eran mayores de 65 años.
La intervención de Accem comprende la cobertura de necesidades básicas, el acompañamiento jurídico, psicológico y social, el aprendizaje del idioma y el acceso a la educación, la formación y el empleo.
Igualmente, Accem ha señalado que, durante 2025, casi 2,9 millones de personas volvieron a Afganistán, de las que 1,9 millones eran refugiadas. La cifra ha agregado que multiplica por más de cinco los retornos registrados durante el año anterior y responde, a su juicio, al endurecimiento de las políticas hacia la población afgana en Irán y Pakistán. «Estos movimientos de retorno no pueden interpretarse como una mejora de las condiciones en Afganistán. Mientras, 3,7 millones de ciudadanos afganos siguen recibiendo protección en otros países», ha argumentado.
Frente a las políticas de devolución, Accem ha reclamado «el fortalecimiento de las vías legales y seguras». «Resulta esencial agilizar la extensión y la reagrupación familiar para que las personas refugiadas afganas en España puedan poner a salvo a sus familiares y ofrecerles una vía para huir de la persecución talibán», ha destacado.
Además, ha expresado su «profunda preocupación» ante la posibilidad de que la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y el endurecimiento de las políticas comunitarias de retorno puedan conducir a tratar a Afganistán, en la práctica, como un país seguro para las devoluciones de afganos que buscan protección cuando «no lo es».
Igualmente, ha recordado que Afganistán «sigue sin ser seguro» para quienes se vieron obligados a huir, al tiempo que ha alertado del riesgo de «legitimar» al régimen talibán tras la reunión mantenida el pasado junio entre la Comisión Europea y el gobierno.
Finalmente, ha indicado que es necesario «reforzar y hacer efectivo» el procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley de Asilo, que permite promover el traslado a España de personas cuya integridad física se encuentre en peligro en terceros países para que puedan solicitar protección internacional. «Esta vía es especialmente importante para las personas afganas que permanecen en países vecinos sin garantías suficientes de seguridad y protección», ha concluido.
