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El Partido Popular (PP) ha registrado en el Senado una batería de 45 enmiendas al proyecto de ley de Discapacidad y Dependencia, entre las que destaca la derogación de la disposición de la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica, la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) que establece la prevalencia de la escolarización inclusiva en centros ordinarios frente a la educación especial.
La disposición contempla que las administraciones elaboren un plan para que los centros ordinarios puedan atender adecuadamente al alumnado con discapacidad. Sin embargo, asociaciones de familias y el PP han advertido de que ello puede derivar en una reducción de plazas o en el progresivo desplazamiento de alumnos desde la educación especial hacia la ordinaria.
Según ha informado la formación, entre las principales propuestas registradas en la Cámara Alta se halla también ampliar al menos hasta los 21 años la escolarización en centros de educación especial. La ponencia de la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se reúne este miércoles para informar el proyecto de ley de modificación de la Ley de Discapacidad y Dependencia.
Por otro lado, el PP ha destacado la incorporación íntegra de su Ley de Cuidado de Menores afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave (CUME), «para reforzar la protección de las familias con hijos con cáncer o enfermedades graves».
En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo quieren que la prestación o el permiso por cuidado de hijos e hijas con cáncer o enfermedad grave se mantenga más allá de los 26 años cuando persista la misma situación y necesidades, una petición histórica de estas familias.
Además, en sus enmiendas al proyecto de ley de Discapacidad y Dependencia el PP aboga por garantizar la libertad de elección de las personas dependientes para que puedan optar entre una prestación económica o un servicio; priorizar el acceso a las ayudas en función de la vulnerabilidad económica; y reforzar la protección de las personas con discapacidad frente a los riesgos de la inteligencia artificial.
Regular de forma completa la figura del facilitador procesal para garantizar el acceso efectivo a la Justicia; impulsar medidas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad; favorecer al Tercer Sector en el medio rural; mejorar la accesibilidad con baños adaptados para personas con ostomía en las infraestructuras de transporte y reconocer expresamente la sordoceguera como discapacidad específica son otras de sus propuestas.
La formación que cuenta con mayoría absoluta en el Senado también aboga por que las obras por adaptación de edificios comunitarios y viviendas para personas con discapacidad cuenten con un IVA reducido del 4%. Además, quiere que el Gobierno se haga cargo del 50% del gasto en estas materias que tenga cada una de las comunidades autónomas.
En concreto, el PP ha criticado que el proyecto «ni siquiera cuenta con una memoria económica que garantice la financiación de los nuevos servicios y que ha nacido sin consenso con las comunidades autónomas, quienes después tendrán que ofrecer el servicio y a quienes el Gobierno central les debe 20.000 millones de euros solo en discapacidad y dependencia».
«Nuevos servicios sin presupuestos solo pueden generar frustración», ha advertido la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, quien sostiene que la ley presenta «serios déficits».
