El Gobierno ha negado un recorte del 35% en ayudas dirigidas a luchar contra la trata y ha aclarado que reubicó los fondos en subvenciones públicas destinadas al desarrollo de programas de atención integral y la inserción sociolaboral de víctimas de prostitución.
«Cabe señalar que la dotación destinada a las políticas contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas no se ha reducido 7 millones, sino que dicho presupuesto se ha reubicado en otros programas de atención a mujeres víctimas de este tipo de violencia, y de manera concreta en las subvenciones públicas destinadas al desarrollo de programas de atención integral y la inserción sociolaboral de personas víctimas de prostitución», asegura el Ejecutivo.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, a una batería de preguntas del PP sobre la reducción en las ayudas dirigidas las víctimas de trata con fines de explotación sexual.
En concreto, el PP indica que, según el Boletín Oficial del Estado del 19 de mayo de 2026, se convocaron subvenciones para proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a sus hijos menores o con discapacidad, reduciendo la cuantía total máxima de 20.000.000 a 13.000.000 de euros, lo que supone un 35% menos que en 2025.
Así, los 'populares' preguntan cómo justifica «el autodenominado 'Gobierno más feminista' este recorte del 35% en unas ayudas dirigidas precisamente a las víctimas de una de las formas más graves de violencia contra las mujeres: la trata con fines de explotación sexual».
Además, piden conocer si el Gobierno considera esta reducción presupuestaria «coherente» con sus declaraciones de «tolerancia cero» frente a la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, así como si responde a una «reordenación de prioridades» vinculada al cumplimiento de acuerdos políticos con sus socios parlamentarios.
Igualmente, preguntan por si ha realizado una evaluación de impacto en las entidades sociales y si piensa rectificar y recuperar el nivel de recursos de 2025 en próximas convocatorias.
Por su parte, el Ejecutivo señala que «no se trata de una reducción presupuestaria en la política pública, sino de una reestructuración en los fondos que pretende reforzar el carácter integral de la intervención pública».
Asimismo, agrega que «es acorde con una política abolicionista que considera la prostitución como una forma de violencia machista, y con el mandato y las recomendaciones estipuladas en las normas internacionales».
