El Gobierno ha defendido este martes la legalidad comunitaria de la regularización extraordinaria de migrantes ante la posible cuestión prejudicial en el Tribunal Supremo.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidas por Europa Press han trasladado a los solicitantes de la regularización —que termina este martes 30 de junio— un «mensaje de tranquilidad». «La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario», han asegurado.
Así lo han puesto de manifiesto después de que el Tribunal Supremo haya planteado a comunidades autónomas que recurrieron la regularización que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la «duda» de «si podría entrar en colisión» con normativa comunitaria.
A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.
«El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE», el Pacto de Migración y Asilo.
En este sentido, fuentes del departamento que dirige Elma Saiz han recordado que el Tribunal Supremo, el pasado mes de mayo, ya desestimó adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento que ha seguido desarrollándose «con total normalidad».
Asimismo, han detallado que el plazo para que el Ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial está abierto hasta el viernes 3 de julio. «El Ministerio trabaja en coordinación con la Abogacía del Estado para aclarar las cuestiones planteadas», han agregado.
También han indicado que, una vez concluya este plazo, el Tribunal Supremo escuchará estas alegaciones y deberá decidir si eleva está cuestión prejudicial al TJUE. En caso de elevarse, las mismas fuentes han expuesto que esta cuestión prejudicial interpretativa «serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión».
Finalmente, ha insistido en que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo «válido exclusivamente en territorio español».
