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El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) ha salido este viernes por la noche de la prisión de Barbadilo, en Lima, unas horas después de que el Tribunal Constitucional anulara su condena de 15 años por lavado de dinero que se le impuso en abril de 2025, en relación a la financiación irregular de sus campañas.
«Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. Fui secuestrado por el Estado y los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizando una situación ilegal», ha manifestado el expresidente a su salida de prisión, haciendo referencia también a la condena de su esposa, Nadine Heredia.
«Jamás hemos cometido delito alguno, nunca hemos recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil (...) Han hecho que tenga que haber asilado a mi esposa y sacar a mis hijos del país», ha lamentado Humala, para quien la condena ha sido una persecución «ideológica» contra ellos por su gestión de gobierno aquellos años.
Heredia solicitó refugio en la Embajada de Brasil en Lima tras conocerse su condena y la de su esposo en abril de 2025 y obtuvo un salvoconducto para ella y su hijo, quienes pusieron rumbo a Brasilia. Humala ha remarcado que el fallo del Constitucional muestra que el asilo político que se les concedió fue «lo correcto».
«Me quitaron mi libertad de manera ilegal. El Estado nos debe una disculpa. Espero que la Justicia reflexione y permita que mi esposa regrese», ha manifestado el expresidente peruano, no sin antes arremeter contra el equipo especial de fiscales responsable de su condena. Son «sicarios» que «usurparon funciones» de otras instituciones y «criminalizaron aportes de campaña».
A mediados de abril de 2025, Humala y Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por un delito de lavado de dinero en relación a la finanaciación irregular de sus campañas electorales de 2006 —con aportes ilegales del entonces gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez—, y de 2011 —con dinero procedente de la constructora brasileña Odebrecht, presente en innumerables casos de corrupción—.
El Constitucional aceptó el viernes el recursos de 'habeas corpus' presentado por la defensa de Humala, que cuestionaba todo el proceso judicial y la sentencia al considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, entre ellas la presunción de inocencia, la falta de delimitación del delito, o que se aplicaron castigos de carácter retroactivo sobre acciones que no eran constitutivo de delito.
Los años en los que se realizaron las campañas presidenciales de Humala la legislación peruana no contemplaba la financiación irregular de las mismas ni la receptación patrimonial — cuando alguien recibe a sabiendas un dinero ilícito con ánimo de lucro— como modalidades explícitas de lavado de dinero.
