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El martes, con media Andalucía en la playa, la Junta aprobó en Consejo de Gobierno un decreto que va a marcar la vida de muchas mujeres y de muchos niños, cuya existencia desconocen. No ha sido un descuido de agenda ni una urgencia administrativa que no pudiera esperar a septiembre. Ha sido una decisión tomada calculadora en mano, sabiendo perfectamente qué significa firmar algo así en pleno mes de agosto: que no hay pleno que lo pare, que las entidades y los sindicatos están de vacaciones, que la calle no puede organizarse a tiempo, que la rabia se diluye entre el ventilador y la sombrilla.
El decreto traspasa a Vox las competencias sobre violencia de género y menores migrantes no acompañados. No es papeleo. Es poner en manos de un partido que niega que exista la violencia machista el control sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, los equipos que informan a los jueces sobre el riesgo del agresor, sobre las órdenes de protección, sobre si una mujer se queda con la custodia de sus hijos o tiene que compartirla con quien la maltrató. Manuel Gavira, el hombre que ahora manda ahí, ya dejó dicho lo que piensa de estos servicios cuando los llamó «chiringuitos ideológicos». Ese desprecio es, a partir de ahora, el criterio con el que se van a redactar los informes que pueden salvarle la vida a una mujer.
El armazón administrativo llevaba años montado; lo único nuevo es a quién se lo han entregado, y eso no atenúa la gravedad de lo ocurrido, la agrava. Para ponerlo en manos de la extrema derecha no ha hecho falta cambiar nada, solo firmar.
No es la primera vez que Vox pide esto. Ya en 2019, con sus primeros doce diputados en el Parlamento andaluz, reclamó la lista nominal de los trabajadores de estas unidades y de los equipos de familia y menores. Entonces sonó a amenaza y se pudo frenar. Siete años después ya no hace falta pedirlo, ya no hay peligro. Se lo entregan firmado, sellado y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Ese es el precio que el PP ha decidido pagar por sostenerse en el poder, y lo ha pagado con la protección de las mujeres maltratadas, algo que nunca debería estar en el escaparate de una negociación.
Pero hay una segunda pata en este decreto que merece la misma atención, porque llega en el peor momento posible y con la intención más deliberada. Vox no solo se queda con la violencia de género: también se queda con los menores migrantes no acompañados. Y lo hace justo esta semana, mientras Ceuta vive una de las crisis migratorias más duras de su historia reciente. Unos 72.000 migrantes entraron en la ciudad los días 30 y 31 de julio, a nado o a pie desde Marruecos, y ya son 141 las personas fallecidas en la zona del Tarajal. Hay 862 niños y adolescentes durmiendo donde pueden mientras el Gobierno intenta reubicarlos. Un periodista de la agencia AP presenció cómo soldados españoles escoltaban a un niño marroquí que lloraba y suplicaba que no lo devolvieran a Marruecos. Ese es el contexto exacto en el que Moreno decide entregarle a Vox la gestión de esos mismos menores.
Y no hablamos de un partido neutral en esta materia. Vox lleva meses imponiendo en los territorios donde gobierna en coalición el concepto de «prioridad nacional», la idea de que las ayudas públicas, la vivienda, la renta de inclusión y la protección social deben reservarse para quienes tengan «arraigo histórico», dejando fuera a la población migrante. En los pactos firmados este verano en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, esa prioridad nacional se ha traducido en un compromiso explícito que prohíbe la llegada de más menores extranjeros no acompañados a esos territorios y expulsa a los que ya estén allí. Es decir, el partido que ahora gestiona la protección de estos niños en Andalucía es el mismo que se ha comprometido por escrito a que haya cuantos menos, mejor. No es que desconfíe de su sensibilidad, es que la tienen por escrito y firmada, y apunta en la dirección contraria a proteger a un crío de catorce años que ha cruzado el Estrecho solo.
El pacto de coalición cerrado la semana anterior entre PP y Vox es el marco que hace posible todo esto, y Moreno lo sabía perfectamente cuando lo firmó. Durante meses se esforzó en parecer distante del discurso de Vox, en dar la imagen de un PP moderado que aguantaba el envite de la extrema derecha sin cederle terreno. Esa imagen se ha roto exactamente donde más dolía romperla: en la violencia machista y en los niños que llegan solos a nuestras costas. La ministra de Igualdad y los tres grupos de la oposición en el Parlamento andaluz han avisado del riesgo real de dejar estos servicios en manos de una formación que cuestiona la existencia misma de la violencia de género y que ya ha roto cinco gobiernos autonómicos de coalición por negarse a acoger menores migrantes trasladados desde Canarias. No es un matiz ideológico entre partidos que se pelean por un escaño más. Es decidir quién gestiona a los menores que llegan solos y aterrados, quién decide con qué rapidez y con qué rigor se toma en serio una denuncia o una petición de protección.
Si el traspaso de competencias a Vox es la puñalada grande, el nombramiento de Emmanuel Toro al frente del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla es la firma que rubrica el mensaje. Toro, con pasado en Nuevas Generaciones del PP, es el único hombre que dirige una delegación provincial del IAM en toda Andalucía. Las otras siete provincias las llevan mujeres. No digo que un hombre no pueda hacer bien ese trabajo, ni que el problema sea únicamente su sexo. Digo que la misma semana en que este Gobierno le entrega a Vox el control de la violencia de género, coloca al frente del organismo que debería defender a las mujeres en Sevilla a alguien sin trayectoria conocida en políticas de igualdad y con carné de las juventudes del partido que gobierna. Esa coincidencia, en ese momento y en ese lugar, no habla de la capacidad de Toro, habla del mensaje que Moreno quiere mandar, y de a quién le importa de verdad la perspectiva de género en su Gobierno.
Porque la respuesta oficial es siempre la misma. Trayectoria profesional, perfil capacitado, criterios de gestión. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado el nombramiento sin rodeos, y la Junta le ha respondido acusándola de «hipocresía», como si el problema fuera quién señala y no lo señalado. Nadie en el Gobierno andaluz ha explicado por qué, entre todo el capital humano disponible en Andalucía, la decisión ha recaído justo en ese perfil, justo en esa provincia, justo en este momento. Cuando la casualidad se repite con esa insistencia, deja de ser casualidad. Es un patrón, y los patrones se leen.
Y volvamos a lo que nos ha traído hasta aquí. Apenas dos semanas antes de todo esto, España ganaba el Mundial de fútbol. Entre las once de la noche del domingo 19 de julio y las siete de la mañana del lunes 20, mientras medio país salía a la calle a celebrar, las llamadas al 016 se dispararon un 120,8% respecto a la semana anterior, según los datos del Ministerio de Igualdad. No es casualidad ni es solo nuestra: en Reino Unido ya está documentado que las denuncias por violencia doméstica crecen cuando juega la selección inglesa, y crecen todavía más si pierde. Aquí ganamos, y aun así el teléfono ardió.
Esa misma semana se confirmaban además dos crímenes machistas más, en Málaga y en Toledo, que elevaron a 31 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026. Es una cifra que golpea: en las mismas fechas de 2025 iban 22. Hay que remontarse a 2019, con 37 crímenes confirmados en fechas equivalentes, para encontrar un dato peor que este. Ese es el país real, el que no cabe en un comunicado que habla de «capacitación técnica» — un país donde el teléfono de socorro no da abasto, donde cada semana suma un nombre nuevo a la lista de las que ya no van a volver a casa, y donde al mismo tiempo hay 862 niños durmiendo en la calle en Ceuta esperando a que alguien decida qué hacer con ellos.
Premeditación, alevosía y nocturnidad. No es una exageración retórica, es literalmente lo que ha pasado. Se ha elegido el momento en que menos gente puede reaccionar, se ha aprovechado el silencio institucional del verano, y se ha hecho a sabiendas de que el escándalo dura cuarenta y ocho horas y que la siguiente ola de calor, o el siguiente incendio, incluso el siguiente ático de lujo, se lo va a tragar entero. No hace falta ser conspiranoica para verlo. Hace falta simplemente mirar las fechas.
Y esto tampoco es un caso aislado que se pueda archivar como anécdota andaluza. Es el primer traspaso de estas competencias a Vox en toda la historia autonómica, y eso convierte a Andalucía en el conejillo de indias de lo que puede venir. Si aquí sale bien, si el desgaste se diluye entre la resaca del Mundial y la cuesta de septiembre, no hay ningún motivo para pensar que el mismo guión no se repita en Murcia, en Castilla y León o en cualquier otro territorio donde el PP necesite los votos de Vox para sostenerse. Lo que hoy se firma en Sevilla puede ser mañana el manual de instrucciones para el resto del país, tanto para las mujeres maltratadas como para los niños que cruzan el Estrecho solos.
Y quiero que quede clarísimo quién paga esto, porque no lo paga Moreno, que en septiembre tendrá otra noticia con la que taparlo todo. Lo paga la mujer que en octubre necesite un informe pericial urgente para que un juez le conceda una orden de alejamiento, y descubra que ese informe depende ahora de una consejería dirigida por alguien que ha llamado invento ideológico a lo que a ella le está pasando. Lo paga el niño que llega solo a Ceuta y cuya tutela va a decidir, a partir de ahora, un partido que ha firmado por escrito que prefiere que no llegue. Lo paga la funcionaria del IAM en Sevilla que a partir de ahora tendrá que defender la igualdad ante un responsable que nunca ha tenido que demostrar el más mínimo compromiso con esa palabra. Y lo pagamos todas las que alguna vez hemos marcado el 016, o conocemos a alguien que lo ha hecho, y dábamos por hecho que al otro lado del teléfono había un sistema que funcionaba con la misma seriedad un domingo de Mundial que un martes cualquiera de agosto.
No hablamos de una polémica de nombramientos que se resuelve con una nota de prensa y un par de titulares. Hablamos de quién decide, de verdad, si una mujer maltratada consigue protección a tiempo, si un menor que llega solo a nuestras costas encuentra abrigo o encuentra rechazo firmado, si el sistema que se supone que está para escucharlos los escucha o los deja tirados. Ese «quién» acaba de cambiar en pleno mes de agosto, con media Andalucía en la playa y casi nadie enterándose.
Habrá quien diga que exagero, que hablar de traición es demasiado para un decreto administrativo y un nombramiento provincial. A esas personas les pido que se sienten un momento con los datos delante — el 120,8% de llamadas al 016 en una sola noche, los 862 menores que duermen donde pueden en Ceuta, los 141 muertos en el Tarajal, las 31 mujeres asesinadas este año. Que piensen en la mujer que marcó el 016 esa noche de julio, con la casa llena de gritos y banderas fuera, y que imaginen que el informe que decida si su agresor se acerca o no a ella en los próximos meses lo va a firmar, en última instancia, una estructura que dirige alguien que ha llamado a todo esto «chiringuito». Que piensen en el crío que suplicaba que no lo devolvieran a Marruecos y cuya protección depende ahora de quien lleva meses prometiendo que haya menos como él. Si después de imaginar esas dos escenas la palabra traición sigue pareciendo excesiva, entonces no hemos entendido lo mismo por gobernar.
La próxima vez que alguien te diga que estas cosas son «solo política», que gestionar una consejería es un tema técnico y sin sangre, enséñale este agosto entero. Enséñale el 120,8% de llamadas al 016, el nombre de Gavira firmando el decreto, el nombre de Toro tomando posesión en Sevilla, los niños durmiendo en las calles de Ceuta y las 31 mujeres que este año ya no van a leer ninguno de estos nombres. La violencia machista no coge vacaciones, y los menores que cruzan solos el Estrecho tampoco esperan a que abra el Parlamento. Por lo visto, la única voluntad que sí descansa en agosto es la de proteger a quien de verdad lo necesita.
