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La Audiencia Nacional (AN) comenzará desde este martes el juicio contra el expresidente del Granada Enrique Pina, su expropietario Gino Pozzo y otras dos personas por presuntamente tomar el «control» del club nazarí para lucrarse con el traspaso de jugadores.
Junto con Pina y Pozzo están acusados, por presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, Raffaele De La Riva, titular de una presunta empresa pantalla y el exmiembro del Consejo de Administración del Granada Jordi Trilles, así como el propio club.
Para las personas acusadas, la Fiscalía solicita 12 años de prisión y multas de 27 millones y medio de euros para cada uno, excepto para Pozzo, para quien la eleva a 36,5 millones de euros.
Respecto al Granada, como persona jurídica, el Ministerio Público reclama multa de 1.900.000 euros, y pide además para todos los acusados que, «con carácter solidario y por partes iguales, abonar a la Hacienda Pública el importe correspondiente a las cuotas no ingresadas del Impuesto de Sociedades», en total 9.441.987,11 euros.
La Fiscalía señala en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, que los acusados «pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo, que a partir de la toma del control del Granada Club de Fútbol en el año 2009, y mediante la ejecución de una compleja estrategia les permitiría que las plusvalías que fuera obteniendo el club mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda Pública nacional».
El Ministerio Público detalla que el mecanismo del presunto fraude consistió en «la simulación de una financiación al Granada» por parte la compañía de De la Riva Fifteen Securitisation, que tenía su sede en Luxemburgo, «bajo la forma de un contrato de cuentas en participación entre ambas entidades, lo que permitiría al club de futbol acometer el fichaje de un conjunto de jugadores profesionales, a cambio del 95% del importe de sus futuros traspasos a un nuevo club de futbol profesional».
De esta forma, habrían ocultado al fisco «los beneficios obtenidos por los traspasos» de seis jugadores, y supuestamente defraudaron en los ejercicios de los años 2013, 2014 y 2015, 635.000,01 euros, 5.914.679,10 euros, y 2.892.218,00 euros, respectivamente.
La Fiscalía subraya que esta actuación, ejecutada «principalmente por el presidente y por el titular» del club, «se llevó a cabo en nombre de la sociedad y en su provecho, ya que obtuvo un beneficio económico directamente derivado de las cuotas del Impuesto de Sociedades dejadas de ingresar».
El Ministerio Fiscal explica que «este complejo plan partía de la necesidad de acometer la toma del control del Granada cuando se encontraba en la Segunda División B» del fútbol español, lo que Pozzo «consiguió en el año 2009 haciendo uso de un conjunto de estructuras opacas que dificultaban su identificación como titular real de los fondos que se desembolsaron».
Ese dinero tenía, según la Fiscalía, «una triple finalidad». «En un primer momento, la superación de la crisis económica y el concurso de acreedores en el que se encontraba inmerso el club; luego, para simular la adquisición de los derechos sobre los jugadores profesionales de la plantilla por parte de la entidad Orange Chiffon Trading Limited; y, finalmente, para suscribir el capital social cuando la entidad se transformó en sociedad anónima deportiva», relata el escrito.
La Fiscalía destaca que el Granada atravesaba en el año 2009 «dificultades financieras que hacían peligrar su continuidad, y mediante el concurso de acreedores se buscaba por los entonces responsables del club encontrar un escenario adecuado para solventarlas y poner en marcha un nuevo proyecto deportivo económicamente viable».
Sin embargo, Anticorrupción deja claro que «la realidad es que la pretendida financiación otorgada por la entidad luxemburguesa al club supuso un altísimo coste, que se puede cuantificar en términos absolutos en más de 45 millones de euros, y en términos de tipo de interés casi en un 50% anual».
El Ministerio Público ahonda en su escrito en los mecanismos que habrían utilizado «para ocultar al fisco español los beneficios obtenidos por los traspasos de jugadores» al tiempo que se dejó de tributar a la Hacienda Pública los «beneficios obtenidos».
Algunos de esos movimientos fueron los de los futbolistas Guilherme Siqueira, Mikel Rico, Yacine Brahimi, Allan Loureiro, Jeison Murillo o Daniel Pudil.
La Fiscalía incide en que la «actuación defraudatoria llevada a cabo, principalmente, por el presidente y por el titular real del Granada, se llevó a cabo en su provecho».
Según indica, obtuvieron un «beneficio económico directamente derivado de las cuotas del Impuesto de Sociedades dejadas de ingresar, y fue posible por cuanto la sociedad no tenía instaurado entre los años 2013 y 2016 ningún medida de supervisión, vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos».
