Artículo completo
Una jueza de Madrid ha inadmitido una querella que interpuso Vox contra la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, por presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones en la 'ley de nietos' y después de que otro juzgado admitiera una querella de Hazte Oír contra la misma alto cargo por hechos similares.
Según ha avanzado 'Eldiario.es' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 ha resuelto inadmitir la querella de la formación liderada por Santiago Abascal.
Vox presentó la querella en julio y se corresponde a octubre de 2022, momento en el que Puente —hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente— ocupaba el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, según fuentes del partido.
En ese momento, «firmó la instrucción que permitió la nacionalización de descendientes de emigrantes españoles, tan solo unos días después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática», añadieron.
«Esta instrucción fue firmada con el conocimiento de Puente de que era ilegal, lo que conlleva el delito de prevaricación», adujeron, y consideraron que también había indicios de presunta usurpación de funciones «por dictar una disposición de alcance general que innova el ordenamiento jurídico y crea una modalidad de adquisición de la nacionalidad ajena al Código Civil».
Este miércoles también trascendió que otra jueza, la titular de la Plaza 35 de los juzgados de Plaza de Castilla, admitió a trámite la querella que interpuso la asociación Hazte Oír contra Puente por presunta prevaricación administrativa con la denominada 'ley de nietos', la disposición de la Ley de Memoria Democrática que concede la nacionalidad a descendientes de exiliados.
En esa querella, a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, Hazte Oír denunció que Puente dictó una «instrucción» que «desbordó» el alcance de la 'ley de nietos' después de que la querellada se comprometiera «a la aplicación estricta de la ley». La Fiscalía, por su parte, era partidaria de archivarla.
Y denunció que «la exclusión de la ministra del ramo y la vinculación personal de la querellada con el ministro que había redactado la ley señalan el cauce por el que pudo transmitirse la indicación del cambio de criterio» e indicó que «el posterior ascenso de la querellada, acordado precisamente por —el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes— Félix Bolaños al asumir la cartera de Justicia, es un dato objetivo cuya eventual correspondencia con los hechos deberá esclarecer la instrucción».
