El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha amenazado este viernes a funcionarios estatales con multas y posibles penas de prisión si no cumplen con las exigencias de la Administración Trump para determinar si los ciudadanos están inscritos correctamente en el censo electoral.
«Si los funcionarios electorales, una vez que les proporcionamos la información necesaria para garantizar la seguridad de sus elecciones, deciden no hacerlo, entonces esas personas también pueden ser responsabilizadas con multas, sanciones e incluso, dependiendo de la gravedad del caso, con penas de prisión», ha advertido durante una rueda de prensa.
Mullin ha instado así a los 50 estados estadounidenses a colaborar para garantizar la seguridad de los sistemas electorales y depurar el registro de votantes en busca de posibles delitos de fraude tras de afirmar que más de 250.000 personas no contaban con los requisitos para acudir a las urnas en California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada.
«Si es indocumentado y ha intentado votar o ha intentado hacerlo a través de otra persona, le encontraremos y procesaremos», ha advertido, recordando que votar ilegalmente conlleva penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares.
Esto se produce después de que Trump insistiese durante un discurso en la víspera en el amaño de las elecciones de 2020 —aludiendo también a una presunta injerencia por parte de China— en las que perdió frente al expresidente demócrata Joe Biden y volviese a criticar el registro de votantes, así como las máquinas de voto.
El magnate apuntó a evidencias de presunto fraude por parte de una operación de registro de votantes a gran escala en Michigan en 2020, estado en el que salió victorioso el 'ticket' formado por Joe Biden y Kamala Harris por una diferencia de cerca de 145.000 votos.
En enero, el FBI allanó un centro de votación en el condado de Fulton, Georgia, estado que Trump perdió en 2020, y confiscó papeletas electorales. El presidente también ha despedido a decenas de personas de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, que ayuda a garantizar la seguridad de los comicios.
