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El Gobierno de Guyana ha anunciado este sábado un acuerdo con Estados Unidos para acoger temporalmente a un número limitado de migrantes de terceros países deportados desde territorio estadounidense, siempre que cumplan determinados requisitos y acepten voluntariamente su traslado.
El pacto establece que las personas susceptibles de ser objeto de este acuerdo deberán haber sido previamente evaluadas, contar con cualificación y carecer de antecedentes penales. Además, las autoridades guyanesas mantendrán la potestad de examinar cada caso y rechazar cualquier persona propuesta por Washington.
«El Gobierno de la República Cooperativa de Guyana confirma la conclusión de un marco de cooperación migratoria con el Gobierno de Estados Unidos, en virtud del cual Guyana recibirá un número limitado y previamente evaluado de personas cualificadas y sin antecedentes penales a través del Programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)», ha explicado el Ejecutivo guyanés en un comunicado.
El acuerdo contempla asimismo que Estados Unidos financie íntegramente el proceso de traslado, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se encargará de los gastos relacionados con la recepción, el alojamiento y el apoyo a los migrantes durante su estancia en Guyana.
«La OIM será responsable de la implementación operativa del programa», aclara el comunicado, antes de precisar que la organización facilitará también el contacto de los migrantes con sus abogados y familiares.
A este respecto, el Gobierno del presidente guyanés, Irfaan Ali, ha hecho especial hincapié en que su Administración no asumirá los coste económico alguno derivado del programa.
Por su parte, la OIM ha matizado que el acuerdo no implica que la organización vaya a asumir competencias que le corresponden a las autoridades guyanesas como la admisión, la residencia legal, la protección o la expulsión.
Las autoridades de Guyana han vinculado el pacto con su compromiso con los Derechos Humanos y han garantizado que los migrantes podrán solicitar protección internacional cuando corresponda. En esos casos, la OIM colaborará con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las autoridades locales para tramitar las solicitudes.
«El Gobierno de Guyana no asumirá el costo financiero del programa, y la OIM ha confirmado que no asumirá, ni este acuerdo le transferirá, ninguna de las responsabilidades del Gobierno en materia de admisión, residencia legal, protección o expulsión», ha reiterado el Ejecutivo guyanés.
El marco acordado entre Georgetown y Washington tendrá carácter limitado y temporal. «Este acuerdo es de carácter temporal y no constituye un reasentamiento permanente», recalca el escrito.
Los migrantes que lleguen al país lo harán de forma voluntaria y permanecerán allí mientras se determina su situación migratoria. «Las personas reubicadas en Guyana bajo el Programa de Retorno Voluntario Asistido lo hacen voluntariamente y esperarán la resolución sobre su estatus migratorio mientras se encuentren en Guyana», ha recalcado el Gobierno guyanés.
Una vez concluido ese procedimiento, podrán regresar a su país de origen o trasladarse a otro destino de su elección, por lo que su paso por Guyana no implicará un establecimiento indefinido en el país.
Georgetown ha presentado este acuerdo como una nueva muestra del fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con Estados Unidos, que en los últimos años se han ampliado a ámbitos como la energía, el comercio, la inversión, la seguridad y la cooperación diplomática.
Con este pacto, Guyana se incorpora a un grupo de países que han alcanzado acuerdos con Washington para recibir a determinados migrantes deportados desde Estados Unidos, un listado en el que ya figuran Belice, Cabo Verde, Camerún, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Esuatini, Ghana, Guatemala, Honduras, Liberia, México, Panamá, Paraguay, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur y Uganda.
