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Las autoridades chilenas han anunciado este martes la incorporación del país andino a la llamada coalición del Escudo de las Américas, una alianza de países con gobiernos conservadores cuyo objetivo principal es combatir los cárteles del narcotráfico y de la que ya forman parte más de una decena de países latinoamericanos.
«Chile ha decidido adherirse a la iniciativa internacional Escudo de las Américas, marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional, una realidad que permea comunidades chilenas hoy», ha informado el Ministerio de Exteriores chileno en un comunicado.
La misma nota subraya que la incorporación a esta alianza se traducirá en «beneficios operacionales inmediatos» para el país, como el acceso a información contra el crimen organizado y a nuevos sistemas de análisis de datos o una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia, Perú y con otros países de la región, entre otras ventajas.
«El Tren de Aragua o los grupos delictivos mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa son amenazas reales y complejas que requieren una coordinación regional», ha señalado Exteriores a fin de justificar la adhesión a este instrumento, en el que «cada Estado —ha matizado— actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales».
En relación a esto último se ha pronunciado posteriormente el presidente chileno, José Antonio Kast, quien ha aclarado que la pertenencia a esta iniciativa no implica obligaciones más allá de la «coordinación, información (y) seguimiento de bandas de crimen organizado».
«No estamos hablando de operaciones militares en contra de crimen organizado o de terrorismo», ha matizado el mandatario, asegurando que Chile antepondrá siempre presente su soberanía y su institucionalidad.
La alianza del Escudo de las Américas, a su juicio, no es si no una «certeza de que todos vamos a tener normas similares» en el «combate al narcotráfico y al crimen organizado», un problema «global» que «no solamente involucra a uno o dos países, sino que hay coincidencia de que es uno de los flagelos más grandes que tenemos hoy día».
En la iniciativa participan también Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.
