Un tribunal de República Centroafricana (RCA) ha abierto el juicio por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad contra el expresidente François Bozizé, quien reside en el exilio en Guinea Bissau desde 2023 y quien no ha estado presente en los procedimientos, en los que están acusados junto a él otros tres antiguos altos cargos de las Fuerzas Armadas.
El Tribunal Penal Especial (CPS, por sus siglas en francés), encargada del proceso, fue creada en junio de 2015 con el mandato de investigar, procesar y juzgar las «violaciones graves de Derechos Humanos» cometidos en el país africano desde 2003. El organismo es híbrido y cuenta con 25 magistrados —trece nacionales y doce internacionales—, además de tener respaldo de Naciones Unidas.
La corte emitió en abril de 2024 una orden de arresto contra Bozizé por cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad presuntamente cometidos entre 2009 y 2013 —en el marco de su presidencia entre 2003 y 2013— por la Guardia Presidencial y las fuerzas de seguridad en la prisión y el centro de entrenamiento militar de Bossembélé.
Junto a Bozizé están acusados tres antiguos altos cargos militares —Firmin Junior Danboy, Eugène Ngaikosset y Vianney Semndiro—, quienes hacen frente a cargos por asesinato, desaparición forzosa y torturas. Estas tres personas fueron detenidas entre 2021 y 2022 y permanecen bajo custodia.
El director regional de la organización no gubernamental Amnistía Internacional para África occidental y central, Marceau Sivieude, ha destacado que la apertura del juicio contra Bozizé «demuestra una notable voluntad por parte de la CPS para luchar contra la impunidad y administrar justicia para que se haga realidad el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación».
«Sin embargo, el hecho que Bozizé sea juzgado in absentia empaña considerablemente este proceso judicial. Es fundamental que el expresidente sea detenido, extraditado y juzgado en persona», ha sostenido, antes de agregar que la corte «solo puede cumplir su mandato si las autoridades nacionales y todos los Estados, especialmente aquellos que acogen a sospechosos, cooperan plenamente».
En este sentido, ha reseñado que «más de 30 sospechosos contra los que el CPS ha dictado órdenes de detención siguen en libertad en otros casos». «Todos deben ser detenidos y llevados ante el tribunal competente», ha insistido Sivieude, tal y como recoge un comunicado publicado por Amnistía Internacional.
«La ejecución de las órdenes de detención garantiza juicios justos en los que víctimas y supervivientes pueden encontrarse cara a cara con los acusados, y los acusados tienen la oportunidad de defenderse», ha explicado. «Y un elemento crucial: también significa que quienes sean declarados culpables de los más atroces crímenes se enfrentarán a las consecuencias de sus actos», ha zanjado.
