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El expresidente de República Democrática del Congo (RDC) Joseph Kabila ha sido nombrado como líder de un nuevo movimiento político-militar que integra al Movimiento 23 de Marzo (M23) y que sucede a la Alianza Río Congo (AFC, por sus siglas en francés), con lo que consolida su papel tras la insurgencia contra su sucesor en el puesto, Félix Tshisekedi.
La formación de la nueva alianza, bautizada como Frente para la Refundación de la Nación (FRN), fue presentada el lunes en la residencia de Kabila en la ciudad de Goma (este), bajo control del M23 —junto a otras zonas de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur— y en la que se encuentra desde hace meses.
El FRN contará además con tres vicepresidentes, entre los que figura el antiguo presidente de la Comisión Electoral de RDC, Corneille Nangaa, hasta ahora líder de la AFC. Los otros dos cargos recaen en Bertrand Bisimwa, presidente del M23, y Sultani Makenga, quien es además el jefe del Estado Mayor de dicho grupo armado, respaldado por Ruanda.
La declaración política del FRN, presentada durante el acto, contempla que «la crisis que atraviesa RDC es esencialmente endógena y deriva de la irresponsabilidad y las malas elecciones de Kinshasa, por una parte, y su ilegitimidad a raíz de las caóticas elecciones de 2023», antes de denunciar «violaciones intempestivas a intencionadas de la Constitución y las leyes de la República».
Asimismo, ha acusado a Tshisekedi de la situación de «fragilización de las instituciones, la persistencia de la inseguridad, la escalada de tensiones, la discriminación, el tribalismo, la xenofobia, la ruptura de la cohesión social, las repetidas violaciones de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y la gestión desastrosa de los recursos nacionales», lo que ha provocado «un continuo deterioro de las condiciones de vida» de la población.
«En el plano político, el régimen intolerante establecido en Kinshasa se caracteriza por una marcha regresiva de la democracia, el establecimiento de la tiranía y el pensamiento monolítico; el desprecio por los textos legales ha llevado a la bancarrota del Estado», ha argumentado, al tiempo que ha incidido en que Tshisekedi emplea las herramientas estatales en su beneficio y para mantenerse en el cargo.
La nueva alianza ha afirmado además que el mandatario «ha elegido la guerra en lugar de la paz, una guerra que no sabe llevar a cabo ni ganar». «Se contenta con asesinar, masacrar, bombardear indistintamente a civiles indefensos y destruir infraestructuras básicas como escuelas, hospitales, puentes, iglesias y mercados», antes de agregar que Tshisekedi ha procedido además a «desmantelar el Ejército con la creación y legalización de milicias radicales y con ideología genocida».
El FRN ha apuntado directamente a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) —fundadas por extremistas hutus huidos de Ruanda tras el genocidio de 1994— y las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que juraron lealtad al grupo yihadista Estado Islámico y bajo cuyo nombre operan desde hace años en el este de RDC.
Por todo ello, ha esgrimido que la coalición surge por los obstáculos de Kinshasa al proceso de paz y «para hacer frente a un cuadro macabro en un país en peligro», motivo por el que han decidido «mutualizar sus fuerzas, recursos y medios» para «crear un marco de acciones a través del cual todos los congoleños al unísono acometan la labor de liberar su país».
«El FRN señala que la crisis que atraviesa RDC no es una simple disputa pasajera entre políticos de tendencias opuestas. Tampoco es una crisis meramente de seguridad. Es, a la vez, política, económica, de seguridad, moral, institucional, social y humanitaria», ha explicado, antes de añadir que la situación «representa una verdadera amenaza existencial para la República como Estado y como nación».
En este sentido, ha apelado «a todos los congoleños, en toda su diversidad», para que se unan a este nuevo grupo «con el fin de salvar el país». «El FRN no aspira a ocupar un lugar en un sistema en quiebra, sino que propone una alternativa de refundación nacional», ha sostenido.
«No se trata de sustituir un clan por otro, sino de reconstruir un Estado capaz de proteger, impartir justicia, garantizar la ciudadanía para todos, redistribuir equitativamente la riqueza, asegurar la reconciliación nacional, garantizar el retorno digno de refugiados y exiliados políticos, e involucrar realmente a las provincias en las decisiones que determinan su futuro», ha zanjado.
La creación del FRN supone así el retorno a primera fila de Kabila, de 55 años y quien gobernó el país entre 2001 y 2019, cuando cedió el poder a Tshisekedi, entonces líder opositor, después de unas elecciones aplazadas durante varios años entre denuncias contra el entonces mandatario por supuestamente intentar prolongar su estancia en el cargo.
Kabila llegó al poder en 2001 tras el asesinato de su padre, Laurent Kabila, a manos de uno de sus guardaespaldas. En 2006 se impuso en las primeras elecciones democráticas desde la independencia del país de Bélgica, si bien su mandato estuvo marcado por las denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos y represión de la sociedad civil.
Posteriormente, Tshisekedi acusó a su predecesor de respaldar al M23 después de que el grupo se hiciera con Goma y Bukavu, en medio de sus rápidos avances en el este del país africano, que provocaron un aumento de las tensiones por la posibilidad de un conflicto abierto entre RDC y Ruanda.
Kabila, que salió del país en 2023, regresó posteriormente en 2025 a Goma, en manos del M23, tras lo que fue condenado en rebeldía a pena de muerte por el Tribunal Superior Militar de RDC por crímenes de guerra, traición y participación en una insurrección por ser el «líder indiscutible» de la AFC, brazo político del M23 ahora reemplazado por el RFN.
La Fiscalía congoleña ya había solicitado la pena de muerte en su contra —después de que el Senado aprobara retirarle la inmunidad parlamentaria— por supuestamente ser el autor intelectual último de una batería de abusos que incluyen asesinatos, ejecuciones sumarias, violaciones o deportaciones forzosas perpetradas por los milicianos del M23 en el este del país.
En respuesta, el M23 denunció que la condena a muerte contra Kabila suponía una «violación» de los acuerdos alcanzados para intentar poner fin al conflicto, unas críticas a las que se sumó el Frente Común por el Congo (FCC) de Kabila, cuyas actividades fueron suspendidas emanas después por las autoridades, junto a las de otras formaciones opositoras de RDC.
La formación del FRN llega además en un contexto de parálisis del proceso de paz mediado por Estados Unidos, que derivó en un acuerdo firmado en diciembre de 2025 por RDC y Ruanda que no se ha traducido en avances palpables sobre el terreno, incluido un alto el fuego pactado en julio de 2025 con mediación de Qatar que ha registrado decenas de violaciones desde entonces.
