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La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este martes de que la deportación de unos 1.500 refugiados birmanos, entre ellos rohingyas, desde Malasia es «inviable» y «no es suficientemente seguro» en este momento, al tiempo que ha recordado que los miembros de esta minoría que todavía residen en el estado de Rajine, en el oeste de Birmania, viven una «situación desesperada» que «continúa deteriorándose».
«La población civil del estado de Rajine, así como de otras zonas de Birmania, se enfrenta a una violencia extrema. El sistema sanitario sigue devastado por la violencia constante: los medicamentos y los suministros médicos a menudo se agotan o no llegan a los centros debido al conflicto, o bien sufren bloqueos totales, lo que provoca graves interrupciones en el acceso a la atención sanitaria», ha alertado la organización en un comunicado.
A pesar de estas circunstancias «extremadamente peligrosas», tal y como recoge el texto, «persisten las presiones regionales y las peligrosas iniciativas para repatriar a los refugiados a Birmania, cuando las condiciones aún no son lo suficientemente seguras para ello».
«Un año después de la conferencia (sobre la situación de los rohingyas y otras minoráis en Birmania), estas comunidades han visto muy pocas acciones concretas y pocos resultados en materia de rendición de cuentas. En aquella conferencia se pronunciaron palabras contundentes, pero para las personas afectadas, esas palabras no se han traducido en cambios», ha lamentado el presidente internacional de MSF, Javid Abdelmoneim.
Así, ha insistido en que el mensaje para los líderes mundiales es que «dejen de considerar la repatriación como una solución cuando las condiciones en Birmania siguen siendo extremadamente inseguras». «Birmania sigue siendo un lugar de violencia extrema. La población civil se enfrenta a bombardeos aéreos, matanzas masivas, reclutamiento forzoso y graves privaciones. La atención sanitaria, el suministro de alimentos, la educación y los medios de subsistencia se ven gravemente afectados por el conflicto y la inseguridad», ha explicado.
En este sentido, ha alertado de que los propios rohingyas aseguran que no es seguro volver a Birmania: «en nuestra encuesta del año pasado, el 84% de los pacientes rohingyas en Bangladesh afirmaron que no se sentían seguros si regresaban», señala el documento, que apunta a que lo que se necesitan ahora son «medidas concretas».
«Hay que poner fin a los retornos forzados o precipitados. Cualquier retorno debe ser verdaderamente voluntario, seguro y digno. Los países de acogida deben proteger a los refugiados y evaluar adecuadamente sus necesidades de protección. Esto implica determinar si las personas corren riesgo de persecución en caso de ser devueltas a sus países de origen y respetar el principio de no devolución», ha aclarado.
«Debe ampliarse el acceso humanitario en Birmania, debe mantenerse la ayuda y debe haber una rendición de cuentas real por la violencia a la que siguen enfrentándose el pueblo rohingya y todas las demás comunidades afectadas por el conflicto en Birmania», ha zanjado.
