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La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coín (Málaga) ha condenado a los dos familiares de un alumno del IES Los Montecillos de dicha localidad investigados por la agresión a la directora y a una profesora del centro y por delitos de atentado a funcionario público, amenazas y daños.
Por estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación en la que resultó detenida la madre del alumno e investigado el padre del mismo. Posteriormente, tuvo lugar en dicho juzgado un juicio rápido en el que se llegó a una sentencia de conformidad entre las partes, han informado fuentes judiciales.
Según consta en el fallo de la sentencia, al que ha tenido acceso Europa Press, la mujer fue condenada por dos delitos de atentado a funcionario público, en concurso ideal con los delitos leves de lesiones y se le impuso por cada unos de ellos cuatro meses de prisión; es decir, ocho meses de cárcel.
Además, por cada delito leve de lesiones se le impuso la pena de 20 días de multa, a razón de diez euros el día; y también se le condena a la mujer por otro delito leve de daños al pago de una multa similar de 200 euros y por un delito leve de amenazas a la misma pena de multa.
Por su parte, al hombre se le condenó por un delito de atentado a funcionario público, en concurso ideal con un delito leve de lesiones a la pena de cuatro meses de prisión y 20 días de multa, a razón de diez euros el día; así como por un delito leve de daños y otro de amenazas al pago de sendas multas de 200 euros.
Se acordó imponer a los acusados la prohibición de aproximarse a las perjudicadas en cualquier lugar donde se encuentren o comunicarse con las mismas por cualquier medio por plazo de ocho meses y dos días respecto a cada una.
También se les impuso a ambos el pago de una indemnización a una de las perjudicadas de 219,70 euros por las lesiones sufridas y resarcir al centro con 605 euros por los daños causados a la puerta del mismo; además de que la mujer deberá indemnizar a la otra víctima con 152,88 euros.
El juzgado acuerda la suspensión de la pena de prisión durante un plazo de dos años, con la advertencia de que se revocará este beneficio si vuelven a delinquir y si no cumplen con el pago de la responsabilidad civil impuesta, para lo que se les ha dado un plazo de tres meses, igual que para abonar las multas.
