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La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha acusado este martes al Ejército de Malí y a miembros del Grupo Wagner de la comisión de crímenes de guerra, incluidos asesinatos y torturas de civiles, durante las operaciones conjuntas llevadas a cabo entre 2023 y 2025, en un informe que documenta además casos de desapariciones forzosas, saqueos y destrucción de bienes civiles.
En su informe 'Nadie se salva: crímenes de guerra cometidos por el Ejército maliense y fuerzas aliadas extranjeras en la frontera con Mauritania', la ONG recoge el asesinato de al menos 34 civiles en siete localidades malienses entre junio de 2023 y diciembre de 2025, en todos los casos a manos de las Fuerzas Armadas malienses y el Grupo Wagner, ahora Africa Corps, bajo mando del Ministerio de Defensa ruso.
«Nuestras conclusiones muestran el panorama desgarrador al que hace frente la población civil atrapada en el conflicto, que está pagando el precio más alto mientras la impunidad sigue imperando», ha dicho el director de Amnistía Internacional para África occidental y central, Marceau Sivieude, en el marco del lanzamiento del informe.
«Las autoridades malienses no pueden ignorar estas graves denuncias y no iniciar investigaciones efectivas e imparciales sobre los presuntos crímenes», ha subrayado, antes de reclamar a Bamako que «proteja a la población civil durante las operaciones militares, cumpla el Derecho Internacional Humanitaria y aclare urgentemente qué cadena de mando supervisa las actuaciones del personal extranjero en el país».
Los informes recogidos en el informe tuvieron lugar en las regiones de Ségou, Mopti y Tombuctú, según la ONG, que aclara que ninguna de las víctimas participaba directamente en las hostilidades en el momento de su muerte, ya que fueron tiroteadas, degolladas o quemadas vivas cuando intentaban huir o después de ser detenidas.
Hana, superviviente de un incidente en febrero de 2025 y ahora refugiada en Mauritania, relata que dos de sus hijos y uno de sus primos fueron arrestados y asesinados durante el despliegue durante una patrulla de militares malienses y mercenarios del Grupo Wagner en la localidad de Tin Ananda, una aldea situada en la región de Tombuctú.
El documento describe además dos ataques con drones en marzo de 2025 y noviembre de ese año contra un mercado en Ejdeir y una vivienda en Tangata, que se saldaron con la muerte de al menos 23 personas, entre ellas cinco menores, casos en los que tampoco pudo determinar la existencia de objetivos militares en estas zonas.
«No hallamos indicios de la presencia de miembros de grupos armados u objetivos militares en ninguno de los lugares atacados con drones», ha afirmado Sivieude. «De confirmarse ese dato, dichas operaciones constituirían un ataque directo contra la población civil y bienes de carácter civil, y deberían investigarse lo antes posible como crímenes de guerra», ha subrayado.
Amnistía Internacional ha entrevistado además a 15 hombres que sobrevivieron a actos de tortura y otros malos tratos a manos de militares y miembros del Grupo Wagner, informaciones respaldadas por otras personas que presenciaron actos de tortura contra 30 personas durante patrullas o dentro de bases militares, incluida la muerte de cinco de ellas.
La investigación apunta a que estos crímenes fueron perpetrados principalmente por miembros del Grupo Wagner, en presencia de militares de Malí que en ocasiones realizaban la función de intérpretes y que o no intervinieron o amenazaron a los detenidos, quienes fueron colgados por los brazos en una barra de metal, asfixiados mediante simulaciones de ahogamiento, golpeados con barras de hierro y palos, o sometidos a descargas eléctricas.
La mayoría de las víctimas pertenecían a comunidades dedicadas al pastoreo —fulanis, árabes y tuareg— acusados de mantener lazos con grupos armados. «En su mente, todos los pastores son terroristas, y por eso no dudan en quemar a personas y bienes. No perdonan a nadie, ni siquiera a las personas ciegas o de edad avanzada», afirma un pastor de Ségou refugiado en Mauritania.
Por ello, Sivieude ha reclamado a Malí que «garantice la plena rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos contra todas las comunidades» y que los miembros de las Fuerzas Armadas, sus socios y los miembros de grupos armados sospechosos de cometer crímenes de guerra «son investigados y, cuando proceda, enjuiciados en procesos que cumplan el derecho a un juicio justo, y sin recurrir a la pena de muerte».
«La población civil de las regiones de Malí afectadas por el conflicto siguen afrontando graves riesgos. Las autoridades deben protegerla y hacer público el acuerdo entre el Gobierno maliense y Africa Corps, que en junio de 2025 reemplazó al Grupo Wagner y opera en el país actualmente», ha dicho.
Por último, ha hecho hincapié en que la Unión Africana (UA) debe también «condenar las violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas en Malí» y «apoyar la lucha contra la impunidad por crímenes de Derecho Internacional» a través de investigaciones que permitan que los culpables de estos actos rindan actos por sus actos durante el conflicto.
