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La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, ha explicado en relación con los procesos sancionadores de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que serán los órganos competentes «los que tienen que tomar la última palabra» y ha reiterado que el Consistorio «como siempre va a trabajar con la más absoluta legalidad, estudiará los procedimientos, las distintas fases y actuará conforme a lo que marca la normativa vigente».
Además, ha indicado que este miércoles se ha iniciado los trámites de incoación del acuerdo de inicio de la modificación de la ordenanza: «Lo que queremos es tener seguridad jurídica».
En un vídeo, remitido a los medios, la concejala ha explicado que en el mes de junio el Ayuntamiento recibió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía «en la cual nos decían que era obligatoria la Zona de Bajas Emisiones para el Ayuntamiento, que el expediente era correcto, pero, sin embargo, el criterio que nosotros habíamos establecido de no sancionar o permitir la circulación de vehículos sin etiqueta o con etiqueta amarilla para los domiciliados en Málaga, nos venían a decir que era discriminatorio, que igual contaminaban los coches domiciliados en Málaga que los que no estaban domiciliados en Málaga».
Tras ello, ha detallado «vimos un fallo en la sentencia y era que, aunque todos los fundamentos eran de la zona de bajas emisiones, luego los artículos que declaraban nulos se extendían más allá de la Zona de Bajas Emisiones».
Por lo tanto, ha continuado, en los siguientes días el Consistorio solicitó una aclaración «en el sentido de si solo se refería a la ZBE la anulación de los artículos o también a esas otras zonas restringidas, el centro histórico, a las cuales había hecho referencia en el fallo».
Este pasado martes el Consistorio recibió un auto «diciendo que, efectivamente, era nuestro planteamiento, que solo se declaran nulos los artículos que hacen referencia a la ZBE».
«El auto nos deja muy claro que los únicos artículos que son declarados nulos son del 9 al 11, que son los artículos que regulan la ZBE», ha señalado, por lo que, «a partir de aquí, el Ayuntamiento de Málaga ha tomado la decisión de acatar la sentencia».
Ha incidido en que «queremos modificar esos artículos». En este sentido, ha explicado que este miércoles han iniciado los trámites de incoación del acuerdo de inicio de la modificación de la ordenanza.
«Lo que queremos sobre todo es tener seguridad jurídica», ha sostenido la edil, al tiempo que ha reiterado que «siempre he dicho que el problema, y se está viendo ahora, lo dije al principio y lo vuelvo a repetir ahora, es que cada ayuntamiento está tratando de hacerlo lo mejor posible porque el mandato del Gobierno solo ha sido tener una zona de bajas emisiones», por lo que «cada uno lo hace a su libre albedrío o como mejor cree que lo puede hacer», ha apostillado.
En este sentido, ha explicado que hay «muchas sentencias muy contradictorias» porque, por ejemplo, ha dicho, «hay ayuntamientos, el de Bilbao, en concreto, por ejemplo, prevé también esta excepción que nosotros tenemos y allí como nadie ha entrado a recurrir el tema del domicilio, a los de fuera se les multa y a los de dentro no».
«Ahora nosotros lo que queremos en este inicio del expediente es ver todo el panorama de resoluciones judiciales que hay en contra de la zona de baja emisión en el territorio nacional y a partir de ahí hacer un texto que cumpla con el mandato judicial y que nos haga tener la mejor de las zonas de baja emisión en la ciudad», ha detallado.
Hernández ha indicado que «tenemos que estudiar cómo beneficiar a los malagueños, a las malagueñas y cómo tratar de compatibilizar la sostenibilidad, la movilidad sostenible, también con la libre circulación de los ciudadanos».
Por otro lado, en relación con los procedimientos sancionadores ha recordado que «no es un tema que sea competencia de la Concejalía de Movilidad, del área de Movilidad». «Son los órganos competentes, la recaudación y gestión de ingresos, los que tienen que tomar la última palabra», ha dicho.
No obstante, ha reiterado que «como siempre el Ayuntamiento de Málaga va a trabajar con la más absoluta legalidad, estudiará los procedimientos, las distintas fases y actuará conforme a lo que marca la normativa vigente», ha concluido.
